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Los tattoo resuelven el crimen ...

2011-04-30T17:56:00.000-03:00

Anthony Garcia: Los tattoo de un miembro de las maras, resuelven el crimen

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El detective del condado de Los Ángeles Kevin Lloyd estaba hojeando en un proceso de rutina en 2008 los archivos de fotos de pandilleros cuando una imagen llamó su atención por la cantidad de detalles tatuados que le recordaron un crimen que había decidido congelar tras cuatro años de investigación, reveló el diario Los Angeles Times.

La comisaría de la ciudad confirmó a AFP esta historia y dijo que por ahora el detective no estaba disponible para dar declaraciones.

Se trataba de las fotos tomadas por un delito menor a Anthony García, miembro de una de las pandillas que azotan a Pico Rivera, un suburbio al sureste de Los Ángeles, ciudad donde emigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil formaron en los años '80 los grupos delictivos más peligrosos, la Mara Salvatrucha o MS-13 y su acérrima rival, la Mara 18 o M-18.

En 2004 un aparatoso asesinato en una licorería de Pico Rivera terminó con la vida de Juan Juárez, un joven de 23 años, y que las autoridades trataron de dilucidar sin éxito, entre ellos el detective Lloyd.

Todos los pasos previos, durante y tras el asesinato se los tatuó García desde los dos extremos de su clavícula y dibujando en la parte central de su pecho la licorería donde mató a Juárez, incluso con las luces de Navidad que colgaban del techo del local para el momento del crimen.

¿En qué momento se tatuó García su crimen? Son detalles que quedan por esclarecer, pero como reconoció un colega del detective Lloyd, el capitán Mike Parker, el hecho de que "la confesión esté tatuada en su pecho, es contar con un grado importante de suerte".La foto había sido tomada en la comisaría de Pico Rivera, donde Lloyd, un detective con 30 años de carrera, había trabajado varios años. García había sido detenido brevemente por conducir con una licencia vencida.

Por ese delito menor fue fichado y cuando lo liberaron, la policía aplicó el procedimiento de rutina para todo aquel que sea sospechoso de ser pandillero: deben tomarle fotos sin camisas y enfocar especialmente los tatuajes, que traen comunicaciones cifradas o identificaciones de sus pandillas y enemigos.

"Yo trabajé en Pico Rivera muchos años, por lo tanto estaba bastante familiarizado con el área. Esto fue increíble", dijo Lloyd al diario.

Desde 2008 el detective trabajó para dar con el paradero de Anthony García, quien vivía con su familia en un sector de Los Ángeles, fue detenido y desde entonces buscaron la forma de dar con su confesión del crimen más allá del tatuaje.

En la cárcel García, de 25 años, recibió la visita de dos detectives que se hicieron pasar por pandilleros y a ellos les confesó el crimen de Pico de Rivera. Sus palabras quedaron grabadas y sirvieron para que el jurado lo declarara culpable de asesinato en primer grado esta semana. Anthony García será condenado en mayo.

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2011-04-02T17:20:00.000-03:00

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Movimiento Simulado En Procedimientos Policiales

2011-03-01T21:36:00.000-03:00

OBSERVACIONES:

1. LA AGENTE DEJA QUE EL CONDUCTOR ABRA LA PUERTA Y SALGA DEL VEHICULO: INCORRECTO.

2. LA AGENTE CACHEA AL SOSPECHOSO DE FRENTE Y A ESCASA DISTANCIA, PUDIENDO SER DERRIBADA EN CUALQUIER MOMENTO DE UN PUÑETAZO CERTERO QUE LA DEJARIA KO.

3. AUNQUE CREA ALGO DE DISTANCIA AL SER AGARRADA DE LA MANO (ESTO ES INSTINTIVO), LA AGENTE PIDE REFUERZOS SIN DISTANCIARSE LO SUFICIENTE DEL SOSPECHOSO. COMO CONSECUENCIA DE ESTE FALLO SE PRODUCE LO SIGUIENTE: EL CONDUCTOR SE AVALANZA SOBRE ELLA Y ESTA DEMASIADO CERCA PARA ZAFARSE. TUVO LA SUERTE DE QUE EL ANIMO DEL SOSPECHOSO NO ERA AGREDIRLA Y SU TENDENCIA ERA LA DE ALEJARSE DE LA PATRULLERA.

4. CUANDO CORRE DETRAS DEL TIPO NO LLEVA SU ARMA EN LA MANO, DANDOLE TIEMPO A SACAR UNA QUE HUBIERA LLEVADO EN EL COCHE, QUE NO FUE EL CASO POR SUERTE.

5. ACERTADO FUE EL NO PERDER DE VISTA LOS MOVIMIENTOS DEL SOSPECHOSO BUSCANDO ALGO EN EL PASO DE RUEDA (LUEGO RESULTO SER UNA BOLSA CON DROGA). EN ESTE CASO UNO DEBE PARAPETARSE TRAS SU VEHICULO PATRULLA Y ESPERAR LO PEOR.

"DISTANCIA DE SEGURIDAD" Y COMPARAD ÉSTE CON UN VIDEO SIMILAR EN EL QUE OTRA AGENTE RESULTO HERIDA DE GRAVEDAD.

DISTANCIA DE SEGURIDAD (SAFETY DISTANCE).
ME PARECE QUE EL PRIMER VIDEO LO HABEIS VISTO HASTA LA SACIEDAD (CREO QUE SE MUESTRA INCLUSO EN LAS ACADEMIAS POLICIALES), PERO NO VIENE MAL RECORDARLO. FIJAOS EN QUE EL AGRESOR CONSIGUE ADOPTAR LA QUE SE CONOCE COMO "POSICION DE MONTA" SOBRE LA AGENTE. ESTA ES UNA DE LAS SITUACIONES MAS PELIGROSAS EN UN COMBATE, PUES EL QUE ESTA ABAJO ESTA A MERCED DEL QUE LO SOMETE, RECIBIENDO UNA LLUVIA DE GOLPES QUE LO NOCKEARAN SI NO REACCIONA A TIEMPO. A CONTINUACION OS DEJO EL TUTORIAL DE UNA DE LAS TANTAS FORMAS DE ZAFARSE DEL AGRESOR, PERO QUE A MI ME PARECE MAS FACIL.

EL TERCER VIDEO ES BASTANTE HEAVY, Y ENSEÑA LO QUE SUCEDE CUANDO ACERCAMOS LA CARA DEMASIADO A LA PERSONA CON LA QUE DISCUTIMOS. RECORDAD: MANTENED UNA ADECUADA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN LAS ENTREVISTAS POLICIALES.

Fuente: Mario, en 'Videos de Interés Policial', Profesional Policial con 20 años de experiencia en el Reino de España.

RESPUESTA FISIOLÓGICA ANTE UN ATAQUE PROFESIONAL LETAL CON ARMA DE FUEGO PARA UN POLICIA

2011-03-01T21:11:00.000-03:00

¿Reaccionamos ante un ataque del mismo modo que entrenamos…? ¿Quienes nos entrenan…? ¡Acaso entrenamos! RESPUESTA FISIOLÓGICA ANTE UN ATAQUE LETAL

(1ª PARTE)

Muchos son los que creen que ante una acción hostil, contra ellos, sabrán y podrán actuar de modo eficaz. Estos, suelen ser los que, ante comentarios, noticias o episodios vividos por terceras personas, apostillan que ellos, en esa misma situación, hubieran hecho “esto, aquello o lo otro” pero siempre, en cualquier caso, hubieran actuado mejor que el protagonista de la noticia comentada. La mayoría, seguramente, se deja llevar por la ignorancia y el desconocimiento de todo lo que comporta un ataque mortal y una defensa extrema.

El motivo por el que estas cosas pasen, entre otros, puede ser por la mala o nula formación táctica y técnica que, como norma general, se posee en el seno de las Fuerzas de Seguridad. Puede que el motivo sea la falta de mentalización, y conocimiento, de todo aquello que rodea al ataque y a la defensa. Tal vez solo son cosas de la televisión y de Hollywood, que tanta influencia negativa suelen tener. Lo que sí creo es que quien de ese modo se expresa, NO ha pasado jamás por una situación límite de verdad. Posiblemente, solo ha vivido momentos dulces en sus actuaciones policiales -este tipo de comentarios nace, casi siempre, en el seno de la comunidad profesional de la seguridad o la defensa-. Casi con total seguridad, los que creen que lo hubieran hecho mejor, -ellos no lo dudan- habrán vivido situaciones tensas, pero jamás muy cerca de la muerte, por suerte para ellos, y para sus familias.

En mi opinión, la culpa la tiene, principalmente, la mala mentalización profesional. Desde que una persona ingresa en la comunidad policial está oyendo frases hechas; no deja de oír siempre lo mismo: “…nunca pasa nada…” “…para las veces que voy a tener que disparar, mejor no entreno…” “…si sacas el arma de la funda, te metes en un lío…” “…esas cosas solo le pasan a los que se meten donde no les llaman: yo, no me complico la vida, paso de todo…” Ante frases como esas, -y ustedes saben que son frases mil veces oídas- los funcionarios policiales suelen reaccionar tomándolas como dogmas de fe y sobre todo aquellos -me gustaría pensar que minoría- que no están comprometidos con la profesión y con la persecución del delito.

Otros, seguramente mayoría, simplemente se han creído las cosas que han oído, pues no solo las oyen de compañeros sino que, esas leyendas urbanas, las han oído de la boca de los que, para él, son referentes, esto es: mandos, cargos políticos o instructores y profesores. Si los que deben alentar al servicio eficaz y fomentar la adecuada y continua formación, se dedican, por ignorancia, a promover lo contrario, el fiasco está servido.

En España se debería, de una vez por todas, incluir en los programas formativos policiales, no solo un mayor número de horas prácticas de tiro y armamento, sino también un aumento de horas lectivas de clases teóricas. En el área teórica, se hace necesario incluir el estudio de las condiciones fisiológicas que un ser humano alcanza cuando entra en estrés de combate, esto es: cuando se enfrenta a una situación de vida o muerte. Para incluir la Fisiología del Enfrentamiento en los programas formativos de las Escuelas y Academias de Policías, habría que, a la par, cambiar los programas de formación de fuego real.

Fisiología humana: asignatura policialDeben saber los policías que, cuando se encuentren en una situación real de enfrentamiento a vida o muerte, (aunque no lo sea, ellos pueden así percibirlo) sufrirán, de modo automático, una serie de cambios psicofísicos que les impedirán actuar del modo que están acostumbrados a hacerlo en el aula de entrenamiento. Así pues, aumentará el ritmo cardíaco, también la temperatura corporal y, con ello, llegarán el sudor y la adrenalina. Su sangre se dirigirá hacia los músculos que más lo precisen en ese momento y éstos serán, generalmente, la musculatura de las extremidades y otros grandes grupos musculares. Personalmente, he visto a profesionales acercarse a esos extremos de la fisiología, y no crean que los estaban intentado matar: simplemente, no sabían controlar una situación policial violenta y quizás delicada, pero no letal. Esto, seguramente esté ligado a la falta de experiencia real en conflictos violentos, unido, también, a ciertas dosis de alejamiento del compromiso.

Mientras se producen los cambios fisiológicos antes referidos, llegará menos sangre y oxígeno a los dedos y a los demás órganos que, directamente, no intervendrán en la acción defensiva. Por ello, se perderá la habilidad digital, o Habilidad Motora Fina. Cuando esto último ocurra, desabrochar la funda, quitar o poner el seguro del arma o cambiar de cargador, -manipulaciones digitales- serán tareas sumamente complicadas. Esto le pasará incluso al tirador experimentado. Pasará, incluso, cuando se posea pericia en el manejo de las armas. También le ocurrirá todo esto al que posea experiencia real de combate solo que, a éste, le pasará, -igual que al que está muy entrenado- más tarde. Normalmente, se llegará a esta situación cuando las pulsaciones superen las 120 por minuto. Aún así, algo positivo se obtiene de este grado de estrés: alta capacidad de atención y alerta. Es el mejor momento para atacar, o defenderse.

Se sufrirán, de modo automático, otros cambios que no serán controlados por la voluntad del que sufre la agresión letal. Quien ya haya detectado el ataque y lo esté sufriendo, alcanzará las 155 pulsaciones por minuto, e incluso más. Llegados a ese extremo, se perderá la Habilidad Motora Compleja, esto es: la capacidad cognitiva -decidir, pensar y actuar de modo acertado, coherente y súbito- Asimismo, se perderá también la capacidad de realizar varias tareas a la vez, como pudieran ser dar órdenes al agresor, pedir apoyo por el transmisor, memorizar matrículas o características del agresor, moverse, desenfundar y disparar. Acabado el encuentro, si se sigue con vida, se sufrirán lagunas temporales de memoria.

Finalmente, cuando ya el combate esté acabado y tanto si se ha sucumbido como si no, se perderá la Habilidad Motora Gruesa, que no es más que la capacidad de resistencia que el cuerpo obtiene a través del “cóctel” de hormonas y esteroides que se habrán disparado por todo el organismo. Estas hormonas, entre otras, son: adrenalina, noradrenalina y cortisol. La Adrenalina es una hormona que, en situaciones de peligro y alerta, es segregada por las glándulas suprarrenales y aporta al cuerpo glucosa, aumento de ritmo cardiaco, dilatación de las pupilas y aumento de la tensión arterial. La Adrenalina proporciona al cerebro sensación de bienestar y por ello, se dice que la adrenalina es adictiva. En esta situación será imposible hacer un uso correcto de los elementos de puntería del arma.

La Noradrenalina, junto con la Adrenalina, participa en la elevación del ritmo cardíaco y en la liberación de la glucosa. El Cortisol, entre otras acciones, libera, en situaciones de estrés, grandes cantidades de glucosa. La Glucosa aporta energía a los músculos y en general al organismo. Esta energía durante un enfrentamiento o lucha física, será de gran valor para soportar la contienda hasta el final, máxime si se está herido. También el oído se verá mermado en sus capacidades. Tanto es así que, durante un encuentro de este tipo, perderemos más del 80% de capacidad auditiva. Es, por tanto, más cercano a la realidad, el entrenamiento de tiro profesional que se efectúa con medios de protección auditiva.

Un cambio necesarioPor todo lo que anteriormente se ha dicho, es de sentido común que las técnicas de tiro tradicionales que se enseñan en la mayoría de las Academias sean renovadas, o quizás, sustituidas en su mayor parte. Esas técnicas, como por ejemplo la Weaver, -que requiere ser aprendida para saber donde hay que poner un pie, donde hay que poner el otro, en que dirección dirigir un brazo y después “colocar” el otro- no van a funcionar correctamente, casi nunca, en situaciones reales de enfrentamiento. Por ello, el cambio de filosofía en los entrenamientos hay que hacerlo a favor de técnicas sencillas, naturales y de rápida asimilación. En todo caso, las técnicas “complicadas” o que requieren de la participación de varios grupos musculares, o de la presión muscular y articular irregular y no homogénea, quizás funcionen en personas muy entrenadas; y aún así, incluso esas personas se habrán visto mermadas en sus capacidades y, por tanto, no serán tan eficaces como en los entrenamientos.

En situaciones reales de enfrentamiento, TODO ser humano verá mermadas sus capacidades psicofísicas. Cuando el Sistema Nervioso Simpático se activa -en situaciones detectadas que requieren de Alerta-, lo hace de modo automático, como ya antes se explicó someramente. Por tanto, nadie puede evitar las naturales y autónomas reacciones del organismo, ni tan siquiera con el entrenamiento se consigue evitar. Eso sí: un adecuado entrenamiento hará que el operador se sienta seguro de sí mismo y eso puede ser vital. En este caso, el agredido podrá, gracias al entrenamiento y a la autoconfianza, adelantar o retardar sus respuestas tácticas con lo que, en cualquier caso, la eficacia será siempre mayor frente al que no está entrenado y confiado de sí.

El Coronel del ejército norteamericano Rex Applegate, en su famosa conferencia de febrero de 1998, en Seattle, Washington, hizo referencia a los estudios del fisiólogo Bruce Siddle, el cual estudió el comportamiento humano ante enfrentamientos armados con armas cortas. El destacado y comprometido científico sostiene que: “…la activación el sistema nervioso simpático, (sistema autónomo) produce la dilatación de las pupilas. La reducción en el flujo de sangre a la periferia de la retina, provoca incapacidad para usar el ojo dominante. El resultado es la pérdida de la visión cercana y la capacidad de enfocar en el punto de mira del arma, enfocando la vista hacia la amenaza.

Así las cosas, se colapsa la visión periférica y se fuerza una visión binocular. Esta última respuesta de adaptación visual del sistema nervioso autónomo hace que la cabeza y el cuerpo se orienten de frente a la amenaza, fundamento de la posición Isósceles -posición de tiro a dos manos que alcanza la simetría de los brazos de modo muy natural- Cuando alguien percibe que su vida está en peligro, el sistema nervioso autónomo se activa de forma automática, y sus reacciones son incontrolables.

Tanto el militar Applegate, como el científico Bruce Siddle, son reputadísimos expertos -Applegate falleció en 1998- en estas materias. Pero sin embargo, y pese a que son seguidos y estudiados en todo el mundo, los viejos y arcaicos métodos de enseñanza de tiro de respuesta o tiro policial no son totalmente modificados. Estos dos personajes, como otros tantos que serán mencionados en este trabajo, hace años que, basándose en experiencias personales de enfrentamientos, y en el análisis de otros tantos encuentros armados, en los que no fueron protagonistas, han defendido la necesidad de instruir en el tiro defensivo y reactivo usando técnicas sencillas. Fomentan, para determinadas situaciones de reacción, técnicas tan básicas como la respuesta de tiro a una mano.

Así pues, ambos defienden el empleo de la técnica Isósceles Moderna y de la técnica Point Shooting -técnica de tiro defensivo a una mano-. Esto que muchos instructores defendemos hoy, y que en 1998 fue apostillado por el propio Applegate, fue mucho antes postulado por otros dos hombres míticos: William Fairbairn y Eric A. Sykes, ambos, británicos. Estos, hace más de 70 años ya apostaban por técnicas de fácil y natural adopción para la defensa. Asimismo, apostaban por la defensa agresiva. (Continuará...)

Publicado por Me llamo Ernesto Pérez Vera

(2ª PARTE) ¿Reaccionamos ante un ataque del mismo modo que entrenamos…? ¿Quienes nos entrenan…? ¡Acaso entrenamos!

RESPUESTA FISIOLÓGICA ANTE UN ATAQUE LETAL

Exceso de técnicas para un mismo fin:En España casi todas las academias policiales contemplan, en sus programas de formación de tiro policial, excesivas técnicas de tiro, y todas ellas deben ser aprendidas y entrenadas por los agentes y alumnos. Sinceramente, cuanto más se aprenda, mejor, solo que en este caso se invierte tiempo y munición en técnicas que casi nunca serán usadas en un enfrentamiento -fisiológicamente muy difíciles de asumir en el fragor del combate- Así pues, ¿por qué no invertimos ese tiempo -horas de galería- y esa munición en entrenar las técnicas que, con casi total seguridad, podemos afirmar que sí podremos usar ante una defensa extrema? Es más, a mayor número de alternativas, -varias técnicas de tiro conocidas- mayor tiempo invertirá nuestro cerebro en tomar la decisión sobre cual usar (Ley de Hick)

En las Academias, a los alumnos se les obliga a memorizar el nombre de las técnicas: Weaver, Californiana, Policía Agachado -y sus variantes-, Técnica Jordan, Isósceles -y sus variantes-, Rodesiana, Técnica FBI, Rodilla en tierra -y sus variantes- etc., etc. Al mismo tiempo, muchos programas formativos contemplan que los alumnos deben efectuar las pruebas de tiro en todas la posiciones tratadas en las clases, y eso no es del todo negativo; lo peor es que, durante la realización de un recorrido de tiro, -se supone que a toda velocidad- el tirador recibirá, del instructor, la orden de usar una u otra técnica. Lo anteriormente expuesto es una buena base para el fiasco, pues no hay nada menos instintivo y antinatural que, a capricho, usar determinadas técnicas siendo estas, en su mayoría, técnicas alejadas de las respuestas naturales del cuerpo.

Estadísticamente, está demostrado que los enfrentamientos armados se producen a cortas o muy cortas distancias, sucediendo la mayor parte de ellos a distancia de contacto físico entre los protagonistas del encuentro armado. En España, todos conocemos casos de agentes policiales que, durante la aproximación a un vehículo sospechoso, fueron disparados o atacados letalmente. También conocemos casos de agentes que, tratando de solicitar la documentación a un sospechoso, recibieron disparos o cuchilladas, en vez de la documentación. Estos son, principalmente, los casos más frecuentes de enfrentamientos, si bien existen infinitas formas de verse envuelto en la dinámica de un tiroteo u otra forma de agresión mortal. Si esto es algo sabido, ¿por qué los programas de entrenamiento no contemplan entrenamientos a distancias extremas? ¿Por qué no se fomenta el entrenamiento y el empleo del cartucho en recámara?

A las distancias antes referidas, las técnicas de tiro “clásicas” como, por ejemplo, la Weaver o la Californiana, no son efectivas y no lo son porque, cuando el agente atacado llega a advertir que se encuentra inmerso en un ataque, ya iniciado, no tendrá tiempo material para adoptar esas posiciones que aprendió en la Academia y que, con suerte, entrenó en la unidad de destino. En la mayoría de las ocasiones, el atacado no reaccionará a tiempo para defenderse y, en el caso de hacerlo solo podrá, en la mayoría de los casos, abrir fuego con una sola mano empuñando el arma. De todos modos, eso será posible sólo si el arma está dispuesta para abrir fuego sin manipulaciones previas, o sea, con la recámara alimentada. De no ser así, y estando ante una agresión letal ya en marcha, serán muy pocas las opciones de salir airoso del encuentro.

Por todo ello, sería preciso que se hiciera mucho hincapié en el uso acertado de técnicas de respuesta con disparos a una sola mano. Son varias las técnicas que se pueden emplear y, como suele ser la tónica general, cada una de ellas será más apta que las otras en virtud de la distancia del atacante. Así pues, ante la necesidad de abrir fuego a distancia de entre 0-2 metros, sería necesario disparar con el arma ubicada en la zona de la cadera o “costillar”. A la par, el arma debería permanecer “pegada” o cerca del cuerpo, mientras que con la mano y brazo débil -el que NO empuña el arma- podremos empujar o golpear al agresor, apartar su arma o incluso podremos proteger zonas vitales de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuello o tórax (esto ocurrirá casi siempre de modo instintivo).

Si la distancia que separa al atacado de su agresor está por encima de los 2 metros, se podrá usar, a una mano, la técnica Jordan o FBI, lo que con modificaciones puede ser el famoso Point Shooting que tanto defendió el famoso Rex Applegate. Estas técnicas son muy eficaces a distancia de hasta 5 metros, eso sí, con el adecuado entrenamiento. A estas mismas distancias, si se tuviera tiempo, el agarre del arma con ambas manos daría aún más eficacia a los disparos. Ambas técnicas pueden ser adoptadas con mucha naturalidad.

Si el objetivo se sitúa sobre los 7 metros de distancia y no tenemos tiempo de asir el arma con las dos manos, otra técnica puede ser muy eficaz. Se trata de, una vez empuñada y desenfunda el arma, dirigirla hacia el objetivo como si quisiéramos lanzarle un puñetazo. Explicado de otro modo. Es como si sacáramos la mano fuerte -la que empuña el arma- del bolsillo y, de modo inmediato y súbito, señaláramos con el dedo índice a nuestro agresor. Con ese método, y con el arma en la mano, conseguiremos, siempre, dejar la boca de fuego en la dirección del blanco. Quizás no tengamos los elementos de puñetería enrasados perfectamente y en el entrecejo del “malo” pero sí estarán, sin haberlo determinado, en algún punto del cuerpo de nuestro atacante, y todo de forma muy rápida y natural; de forma instintiva.

Esto último que he expuesto es algo tan natural que viene acompañándonos desde niños. De modo instintivo, y muy eficazmente, el ser humano puede señalar con el dedo aquello que se proponga, y lo hará sin necesidad de invertir tiempo en “apuntar”. Pues bien, a las distancias que estamos tratando e inferiores, y con el arma en la mano y elevándola hasta la altura de los ojos, alcanzaríamos, “señalando”, disparos muy eficaces. Esto sería, a grosso modo: Point Shooting.

Después de todo lo manifestado hasta ahora, tengo que decir algo que para mí es sentenciador: muévanse, ante un ataque, muévanse. Por muy eficaces que seamos en el empleo de las técnicas de tiro, incluso en aquellas que yo mismo defiendo, uso y recomiendo, si nos quedamos estáticos mientras nos disparan, no seremos más que objetivos más fáciles para nuestro atacante. De modo natural e instintivo nos movemos cuando alguien nos arroja algo, incluso una pelota. Veamos: a veces, estando tranquilamente en la playa, nos percatamos de que alguna pelota se acerca hacia nuestra posición, y aunque no estemos siendo parte de juego alguno…por instinto, nos movemos, bien para esquivar, bien para, incluso, salir de la trayectoria del esférico arrojado. Seguro que todos hemos pasado por eso. Pues bien, y voy, como siempre, a los interrogantes: ¿por qué se nos “sustrae oficialmente” una instrucción bajo esos mismos criterios y filosofía?

Ante el primer signo de ataque en su dirección: muévanse en cualquier dirección, pero no se queden quietos. Lo importante es salir de la trayectoria del agresor. Lo ideal es que nos movamos desplazándonos, y si tenemos tiempo: hacia algún lugar de protección, hacia una cobertura que proteja del fuego del agresor. En caso de ser agredidos por armas blancas, hagamos igual: movámonos hacia donde podamos encontrar algún objeto que interponer entre el atacante y nosotros. Una vez estemos tras un parapeto podremos, además de protegernos, abrir fuego con seguridad hacia el objetivo. Esta situación es la ideal -disparar sin poder ser alcanzados-; así pues, busquémosla siempre que podamos.

Mientras nos desplazamos también se podrá abrir fuego contra el agresor, eso sí, siempre que se posea un alto nivel de entrenamiento y no exista riesgo potencial de causar víctimas ajenas al encuentro armado. Existen técnicas muy eficaces para abrir fuego mientras el tirador se desplaza. Eso de movernos o apartarnos ante la detección de una ataque, lo hacemos todos los días en la vida diaria como ciudadanos integrantes del mundo; hagamos lo mismo en el entrenamiento de tiro, así inculcaremos opciones a nuestra mente para cuando el ataque sea “belicoso”. Si va a salir por instinto, entrenemos al instinto, eso proporcionará mayor dosis de eficacia.

El motivo del estancamiento en lo arcaico y no funcional:La culpa del estancamiento, desde mi punto de vista, la tiene el sistema establecido social y profesionalmente. Parece que este sistema, y la sociedad actual, aplauden, premian y reconocen a quien parece ser bueno, y no al que lo es. Pero claro, ¿quien es el que decide que es bueno y que es malo?…pues está claro: el sistema establecido.

Los que gobiernan o dirigen el sistema, las instituciones, organizaciones o administraciones que están directa o indirectamente relacionadas con estos asuntos, han establecido las pautas necesarias para que las cosas sigan así: que nada se mueva. De admitir ahora que otros métodos son más aptos, y otras filosofías son más eficaces y cercanas a la realidad que un agente necesita conocer, se estaría reconociendo, tácitamente, que se estuvo equivocado durante muchos años. Dicho lo cual, es de esperar que las cosas, por desgracia, sigan siempre igual.

En algunas instituciones policiales parece que, “estratégicamente”, se han asignado misiones o puestos claves a determinado funcionarios -mandos generalmente- para que eso que se dijo antes, “que la cosa siga sin moverse”, pues eso, que siga siendo así de modo sempiterno e inamovible. De ese modo, y dentro de ámbito de lo que estamos aquí tratando, vemos muchas veces a instructores de tiro que ocupan, desde hace lustros, ese puesto en sus organizaciones policiales, sin que sean, realmente, aficionados y estudiosos de la materia. Estos, generalmente, participaron en un curso -hace años- en el que, tras acabarlo, fueron “premiados” con un diploma que les otorgaba la acreditación de Instructor o Monitor de Tiro, y a veces, sin que fuera el tiro policial la materia tratada o entrenada en el curso. Cada vez se sabe más de estos asuntos, incluso la ciencia aporta conocimientos, pero no hay reciclaje donde debe exigirse estar al día.

Hace años, la formación técnica de tiro que se impartía en los centros de formación era, casi siempre, deportiva y basada en tiro de precisión o en recorridos de tiro de “tinte” deportivo. En la actualidad, los recorridos de tiro siguen imponiéndose como la única base formativa de tiro en muchas academias, cosa con la que no estoy del todo de acuerdo.

Lo antes manifestado es muy frecuente. Son muchos los que, tras obtener el diploma, empiezan a dar clases o instruir unidades y plantillas, sin que con el devenir de los años hayan pasado por los necesarios reciclajes. Por tanto, ellos, los que deben transmitir conocimientos, seguridad, confianza y destreza con las armas, son los que, muchas veces, poseen menos destreza y seguridad. Esto es algo que no se detecta casi nunca desde dentro de las instituciones o cuerpos policiales, pues todos dan por bueno aquello que dice el experto o consejero. El experto es el que posee el diploma y el que además, durante años, ocupa la plaza de Instructor. Así lo establece el sistema.

Es triste que esto siga siendo así pero, por otra parte, es lógico. El que ocupa la plaza de instructor -en los casos del “perfil” que estoy exponiendo- como norma general, tiene un plus económico en nómina por ese cargo y además no suele trabajar más que en turnos de mañana, y cuando lo hace de otro modo es recompensado por ello. Tener la calificación de instructor, de algún modo, otorga cierto estatus entre los iguales de profesión y eso es algo goloso, al menos en los que son “pobres” en principios y valores personales. Este tipo de instructores irá, con los años, creando “escuela” en su entorno, de modo que todo aquel que, desde dentro de la institución, le trate de hacer ver sus errores y estancamientos, parecerá, a los ojos de los demás, un trepa, un “rambo” o un descerebrado.

Este perfil de instructor es aquel que crea tabúes entre sus semejantes. Estos mismos supuestos especialistas, por ejemplo, suelen tener experiencia exclusiva en el tiro deportivo, careciendo, casi siempre, de experiencias reales de enfrentamientos. También, suelen alegar, en defensa de sus métodos, -arcaicos y casi siempre deportivos- que, durante los muchos años que lleva en el puesto, jamás hubo un accidente y que, por ello, no puede ser que sus métodos no funcionen. Normalmente, estos mismos profesionales de la instrucción suelen entrenar poco, me refiero al entrenamiento personal y, en todo caso, cuando trasladan a sus compañeros a la galería, aprovechan y “pegan cuatro tiros”. Eso NO es entrenar.

Desde arriba, desde el mando de las organizaciones policiales, este tipo de formadores son los que más interesan, al menos a “ellos”, a los Jefes. Al no estar vinculados y comprometidos de modo profundo en el tema, sus clases o jornadas de instrucción no serán más que meros actos de casi protocolo que, por expediente obligatorio, se deben llevar a término; y cuanto antes mejor. Y si sobra munición, mejor aún: así el Jefe tendrá que solicitar menos cantidad el año siguiente y todos más contento.

Quienes defienden posturas contrarias a las de los instructores de este perfil, son vistos como personas “rara avis”, o sea, sujetos extraños y suelen ser desacreditados ante los demás. Por otro lado, los “rara avis” pueden llegar, si prosperan sus postulados, a ocupar el destino de Instructor, y eso no lo van a permitir los que han establecido el sistema como si fuera un “tinglado”.■

Publicado por Ernesto Pérez Vera

'Los conocimientos adquiridos, desde muy joven, a través de la lectura y estudio de obras extranjeras y españolas, y de revistas especializadas; y ya de adulto con la participación en cursos profesionales como Militar, Escolta Privado y como Agente de Policía, han hecho que este Instructor de Tiro Policial/Defensivo, haya podido cultivar y atesorar conocimientos modestos, pero suficientes, como para dar el paso de convertirse en colaborador de diversas publicaciones nacionales. Algunos de los profesores de los que he obtenido formación, de la más alta calidad, son los mejores de este país, y en algunos casos de los mejores del mundo. Todos estos Profesores están hoy en mi lista de amigos, por ello ahora y aquí, relaciono sus nombres: Don Cecilio Andrade, Don Gabriel Suárez, Don Javier Pecci y Don Joaquín Hernández. Gracias a todos, por todo. Por cierto, los dos últimos Instructores mencionados, son respectivamente el Presidente y Vicepresidente de la Asociación Española de Instructores de Tiro Policial, asociación de la cual soy miembro'.

SELECCIÓN PROFESIONAL DE POLICÍAS: PERFILES DE RIESGO I

2011-02-02T21:45:00.000-03:00

La selección profesional de policías es una tarea delicada. Una buena selección puede prevenir la ocurrencia de buena parte de conflictos del agente con los ciudadanos y la comunidad. ¿Cuáles son los perfiles de riesgo a evitar en el trabajo policial? A lo largo de una serie de artículos iremos describiendo 5 perfiles problemáticos.

Agentes con trastornos de la personalidad que los colocan en riesgo crónico.
Estos agentes tienen rasgos persistentes y duraderos de personalidad que se manifiestan en tendencias antisociales, narcisistas, paranoides y de abuso. Estas tendencias interfieren en el juicio y la interacción con otros, especialmente cuando el agente percibe desafíos o amenazas a su autoridad. La conducta antisocial es consistente con los sujetos con tendencia a violar los derechos de las demás, al engaño y la impulsividad.
La conducta narcisista se caracteriza por un patrón continuado de grandiosidad o fantasía, un sentimiento de tener derecho a un trato preferente y la necesidad de ser admirado. Tanto el trastorno de la personalidad antisocial como el narcisista comparten la tendencia a ser prepotentes, bravucones, superficiales y carentes de empatía. No les importan lo sentimientos de los demás. El número de agentes de policía que cumplen con este perfil es el más bajo de todos los grupos de riesgo
Estas características de personalidad suelen persistir a lo largo de la vida, pero pueden intensificarse tras tener un altercado con otra persona. Debido a que éstas son unas personalidades muy manipuladoras, puede que estos rasgos no sean evidentes en los procesos de selección durante la academia. Los policías que muestran estos trastornos de personalidad no aprenden de la experiencia ni aceptan la responsabilidad de sus acciones.
Estos agentes suelen encontrarse en una posición de alto riesgo debido a las quejas continuas de los ciudadanos. También, aunque pueda parecer que muestran valor ante una situación difícil, ellos mismos, con su comportamiento, aumentan la peligrosidad de la situación como una excusa para emplear la fuerza, incluso llegando a utilizar el arma de fuego con resultado de muerte. Si estos agentes tienen responsabilidades de mando la probabilidad de controlarlos es mucho menor.

Fuente:

Fernando Pérez Pacho: Psicólogo desde hace casi 3 décadas, con título de Especialista en Psicología Clínica. Amplia experiencia en la formación a cuerpos de seguridad y personal de emergencias de España.

SELECCIÓN PROFESIONAL DE POLICÍAS: PERFILES DE RIESGO II

2011-02-02T21:41:00.001-03:00

Agentes cuyas experiencias previas relacionadas con el trabajo les coloca en situación de riesgo.
Situaciones traumáticas, como haber tenido que emplear el arma de fuego de forma justificada, coloca a estos agentes en riesgo de que hagan uso abusivo de la fuerza, pero por razones totalmente diferentes a las del grupo anterior. Estos agentes no son poco sociables, egocéntricos o violentos. De hecho, los factores de personalidad parecen tener menos que ver con su vulnerabilidad al empleo excesivo de la fuerza que al bagaje emocional que han acumulado a consecuencia de su implicación en incidentes previos. Estos policías están al límite del burnout, y han terminado aislándose de sus compañeros.
Al intentar ocultar sus síntomas suele pasar algún tiempo hasta que sus problemas llaman la atención de los demás. Cuando ocurre esto, la situación típica suele ser un incidente en el que el agente ha hecho un uso excesivo de la fuerza y ha perdido el control.
A diferencia del grupo anterior, estos agentes pueden beneficiarse de las técnicas de debriefing, pero para que sea más efectiva habría que aplicarla poco después de la ocurrencia del incidente traumático. Los estudios aconsejan la técnica del debriefing con un seguimiento para minimizar el desarrollo de los síntomas.

Agentes que tienen problemas al inicio de su carrera policial.
En este grupo se encontrarían los agentes jóvenes e inexpertos, a los que se tacha de novatos e inmaduros. En contraste con otros agentes más experimentados, los sujetos de este grupo se caracterizan por ser altamente impresionables e impulsivos, con una baja tolerancia a la frustración. Sin embargo, también aportan atributos positivos a su trabajo y pueden llegar a pulir estas tendencias. Desafortunadamente, las cualidades positivas pueden deteriorarse pronto en sus carreras si sus superiores y mandos no les porveen de un amplio abanico de respuestas para su trabajo en la calle.
Ya que estos agentes sin experiencia están muy influidos por la subcultura policial, es más probable que modifiquen sus comportamientos si sus instructores les enseñan a mantener una conducta profesional en su trato con los ciudadanos. Estos agentes tienen tendencia a absorber rápidamente las “normas” policiales imperantes. Si estas normas están basadas en la violencia, es muy probable que se les refuerce cuando hacen un uso excesivo de la fuerza.

Agentes que desarrollan un estilo no apropiado de patrulla.
Los sujetos que encajan en este perfil muestran una combinación de presencia dominante y de mando con un estilo policial de mano dura. Son especialmente sensibles ante los desafíos y la provocación. Emplean la fuerza para mostrar quién está al mando y, a medida que sus ideas sobre lo que supone el trabajo policial se van volviendo más rígidas, este comportamiento se convierte en la norma. Sus pensamientos son rígidos y sus ideales se centran en su “autoridad”.
En contraste con el grupo de riesgo crónico, la conducta del agente en este grupo se adquiere en el trabajo. Puede modificarse. Cuanto más tiempo perduran los patrones inadecuados, más difícil resulta el cambio. A medida que el agente se impregna del poder y control policiales, ven menos razones para cambiar. A este grupo se le suele etiquetar como “dinosaurios”, por su fuerte contraste con un entorno policial en continuo cambio e implicado de forma más intensa con el ciudadano y la comunidad. Estos agentes deberían recibir un entrenamiento sobre la ética policial al inicio de su actividad profesional, ya que, en caso contrario, la probabilidad de cambio es mucho menor, resultando así mayor la probabilidad de empleo excesivo de la fuerza. Hacer que estos agentes sean parte de la solución y no del problema es la mejor forma de modificar su comportamiento.

Agentes con problemas personales.
Este último grupo está compuesto por los policías que han experimentado serios problemas personales, como separación, divorcio o la percepción de pérdida de estatus que puede desestabilizar su trabajo. Estos agentes suelen mostrar un débil sentimiento de valía personal y mayores niveles de ansiedad que suelen tratar de disimular. Algunos pueden haber funcionado razonablemente bien hasta que se producen los cambios en su situación personal. Estos cambios minan su confianza y hacen que les resulte más difícil enfrentarse al miedo, la animadversión y la carga emocional propia de las intervenciones policiales.
Antes de emplear un uso abusivo de la fuerza, estos agentes suelen mostrar un comportamiento errático que puede avisar de una posible pérdida de control ante una situación de confrontación. Este grupo suele ser el más frecuente en atención psicológica por problemas con el uso excesivo de la fuerza. La frecuencia tan alta de este grupo de agentes debería animar a los departamentos de policía a establecer un sistema de detección de signos de alarma para prevenir la ocurrencia de este tipo de conductas. Estos agentes pueden beneficiarse de un intervención psicológica temprana.

Fuente:

Fernando Pérez Pacho: Psicólogo desde hace casi 3 décadas, con título de Especialista en Psicología Clínica. Amplia experiencia en la formación a cuerpos de seguridad y personal de emergencias de España.

Texto Proyecto Ley Sindicalizacion Policial

2011-01-23T21:02:00.000-03:00

Se presentò un proyecto para la reglamentaciòn de la ley de sindicalizaciòn policial

Domingo, 26 de Septiembre de 2010 23:25
Hemos recibido por parte de un miembro de la FASIPP, Sr. Miguel Fernando Soto, un escrito que enuncia un proyecto de ley y reglamentaciòn de la sindicalizaciòn policial y penitenciaria presentada en Bs.As.por parte de la FASIPP. FEDERACION ARGENTINA DE SINDICATOS POLICIALES Y PENITENCIARIOS Entidad gremial de segundo grado e/f fundada el 3 de Diciembre de 2001 En el Recinto de Sesiones de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires, Señor: Defensor del Pueblo de la Nación Argentina S U DESPACHO: PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,….. Artículo 1º: REGLAMENTASE el Articulo 9º inciso 1º del Convenio 87 aprobado por Ley 14932, como así, el Convenio 151, Articulo 1º; Inciso 3º, aprobado por Ley 23.328, además el Artículo 1 inciso 2º Convenio 154 aprobado por Ley 23544 y el Artículo 16. inciso 3º CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS que integra el plexo normativo Constitucional Artículo 75, inciso 22, Agregándose como artículo 2º bis de la ley 23.551: Artículo 2º bis: 1. Los agentes de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad, sean nacionales y/o provinciales gozarán de los derechos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical. 2. Tienen el derecho de constituir, sin ninguna distinción y sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 3. La participación de los agentes con estado de personal de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad nacional y provincial en dichas organizaciones no implicará falta disciplinaria alguna. Las disposiciones de las leyes orgánicas y/o reglamentos disciplinarios de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad sean nacionales y provinciales que establecen prohibiciones o reglamentan faltas disciplinarias por el número de agentes que realicen peticiones, por no seguir el orden jerárquico o no guardar el respeto debido al superior, no alcanzan a las actividades regladas en la presente ley. 4. Sancionar, dar de baja, retirar obligatoriamente, trasladar, disminuir su calificación, postergar en el ascenso o perjudicar de cualquier otra forma a un agente de una fuerza policial, penitenciarias o de seguridad, a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización, será una falta gravísima dentro del régimen disciplinario de cada una de las fuerzas policiales, penitenciarias o de seguridad. 5. Se deroga toda norma que impida o prohíba la organización y/o la participación en actividades sindicales o gremiales del personal de las fuerzas policiales, penitenciarias o de seguridad o que sancione a dicho personal por esas actividades. 6. Las Organizaciones Sindicales comprendidas en la presente Ley deberán garantizar las guardias mínimas de seguridad en las medidas de acción directa; además las manifestaciones públicas podrán llevarlas adelantes únicamente desarmados y no uniformados. 7. La las garantías previstas en el convenio 154 O.I.T. aprobada por Ley 23.544 son aplicables a las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad nacionales y provinciales. Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. FUNDAMENTOS Señor Presidente: El objeto sobre el que se legisla es un derecho social que hasta la fecha se ha negado a un grupo de trabajadores: el derecho de libre agremiación de los trabajadores pertenecientes a las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad. No existe razón que prohíba el ejercicio de este derecho a los mismos. Esta ley así lo establece más allá de cualquier duda o interpretación desviada del espíritu constitucional. La negación obedece a una lamentable y desviada interpretación del plexo normativo que regula la materia, especialmente el Articulo 9º del Convenio 87 con la O.I.T. el cual dice “…La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio…”. como así, el Convenio 151, Articulo 1º; Inciso 3º, el que establece “…La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía…”, y CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José de Costa Rica) Artículo 16. Libertad de Asociación donde expresa “…Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía…” Ahora bien, esta última Convención que se integró a nuestra Constitución Nacional “…no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…” Articulo 75, Inciso 22 C.N. y me refiero específicamente al derecho sindical, establecido art. 14 bis de nuestra Carta Magna, que consagro este derecho social a TODOS los trabajadores sin ninguna exclusión, además vale aclarar, que el Congreso de la Nación al reglamentar el ejercicio del derecho de agremiación profesional, a través de la Ley 23.551 lo hizo sin exceptuar a ningún trabajador de este derecho. Las tres citas del segundo párrafo del punto tres del presente son normas que no establecen prohibición alguna del derecho constitucional del derecho sindical. Si, son normas programáticas cuya reglamentación es exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación, la que únicamente podría reglamentar el ejercicio de este derecho y no prohibir en vista a lo ya expresado y consagrado en el Art. 14 bis de nuestra Ley Superior. Los gobernantes tienen la obligación de avanzar hacia la justicia. Es parte del proyecto de nuestra Constitución. Dentro del bien común se encuentra comprendido el bienestar de los individuos y de los grupos humanos. Los hombres, participando en la construcción del bien común, encuentran la posibilidad de realización de su persona en el ejercicio de sus derechos. Libertad y dignidad son inseparables en un Estado democrático. Esto implica que nadie quede excluido de sus beneficios. Todos los derechos y garantías admiten ser objeto de reglamentación razonable, pero no pueden por esa vía ser desvirtuados. Estas normas son operativas y obligatorias para los ciudadanos de la Nación y las provincias. Ya en el proyecto de Constitución para la Confederación Argentina, Alberdi establecía como objetivo de la misma el progreso material e inteligente. Progreso y democracia se gestan junto con la argentinidad y con la misma crecen. Desde el Reglamento para el Ejercicio de la Autoridad de la Junta del 28 de mayo de 1810, pasando por todos los intentos constitucionales, se ha establecido invariablemente el derecho a peticionar a las autoridades, que implica el derecho de asociación. Siguiendo la línea de los valores permanentes de nuestra Constitución, alumbrada en algún momento por el constitucionalismo social, se llega a la incorporación del artículo 14 bis, en el que se establece como derecho social, entre otros, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. El texto constitucional no realiza exclusión alguna, es igualitario. Otorgar libertad a unos y negarla a otros es desigualar a los últimos. Ya el artículo 14 de la Constitución Nacional garantizaba el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente, lo que implica la posibilidad de actuación de asociaciones con fines lícitos. Sin embargo el constituyente creyó, sabiamente, necesario incluir el artículo 14 bis, siendo que existía legislación social en la Argentina que había sido ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema. Ello es así porque nuestra Constitución es del tipo tradicional historicista. Mantiene una permanencia de principios que no la condicionan sino que la enriquecen. Nuestra Carta Magna recepta la doctrina de mayo de 1810 y el hilo conductor de su vitalidad y vigencia es la democracia como forma de Estado. Ese es el espíritu de nuestra Constitución, lo que significa decir el espíritu del pueblo argentino. Realidad histórica e ideología se convierten a través de nuestra Constitución en herramientas para ordenar al Estado. La Constitución requiere para su vigencia una interpretación histórica y dinámica a la vez, capaz de asimilar los cambios sobrevinientes dentro de su programa. Esa dinámica es la que implica progreso. En esta evolución permanente la Nación ha ratificado numerosas convenciones y tratados internacionales. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, párrafo 2º). En dichos tratados se establece el derecho a la libre agremiación de los trabajadores, incluidos los trabajadores estatales. Con relación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad se deja al arbitrio de cada Estado la incorporación o no del derecho en cuestión con relación a las fuerzas mencionadas. Según dictamen de la OIT en un caso planteado sobre Pakistán, se estimó que el artículo 2º del Convenio 87 prevé que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones. Si bien en el artículo 9º del convenio se autorizan excepciones a la aplicación de estas disposiciones en el caso de la policía y de las fuerzas armadas, el comité ha recordado que debería darse una definición restrictiva de los miembros de las fuerzas armadas que pueden ser excluidos de la aplicación del convenio (véase 238.o, informe, caso 1.279, párrafo 137). Además, el comité indicó que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha señalado que, habida cuenta de que este artículo del convenio prevé únicamente excepciones al principio general, en caso de duda los trabajadores deberían tener consideración de civiles. La experiencia internacional muestra la existencia de sindicatos policiales desde hace muchos años con resultados invariablemente positivos para la sociedad, el mejor cumplimiento de la función policial, prevención de la corrupción y bienestar del personal. De hecho hay sindicatos policiales desde principios del siglo XX, ello sin adentrarnos en aspectos históricos que nos llevarían aún más atrás en el tiempo, al momento mismo del nacimiento de los movimientos sindicales. El primer sindicato policial formalmente constituido obtuvo reconocimiento oficial en 1912 y es la actual Unión de Trabajadores Policiales de Australia Occidental. A partir de ese momento la lucha de los trabajadores policiales consiguió el reconocimiento de sus sindicatos en la mayoría de los países occidentales. Podemos mencionar a simple efecto ejemplificativo, entre otros, a: URUGUAY: FENASIP – Federación Nacional de Sindicatos Policiales ESPAÑA: Sindicato Unificado de Policía. Asociación Nacional de Policía. Sindicato Profesional Policía Uniformada. Unión Federal de Policía. Sindicato Policía Local de Valencia. Sindicato de la Policía Autónoma Vasca. Asociación Unificada de Guardias Civiles. FRANCIA: S.N.O.P. Syndicat National des Officiers de Police. PORTUGAL: A.S.F.I.C./P.J. Associação Sindical dos Funcionarios de Investigação Criminal da Policía Judiciaria. MALTA: M.P.A. Malta Police Association. IRLANDA: G.R.A. Garda Representative Association. ITALIA: S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia. GRECIA: P.E.N.A.A. Panhellenic Union of the Greek Police Commissioned Officiers. ALEMANIA: B.D.K. Bund Deutscher Kriminalbeamter. BELGICA: S.A.P.B. Syndicat Autonome des Services de Police Belge CHIPRE: C.P.A. Cyprus Police Association. HUNGRIA: F.R.SZ. Fuggetlen Rendörszakszervezet. POLONIA: N.S.Z.Z.P. Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego Policjantow. BULGARIA: N.P.S. Natzionalen Politzeyski sindicat. REPUBLICA CHECA: N.O.S.P. Nezavisly Odborovy Svaz Prislunicu. POLONIA: N.S.Z.Z.P. Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego Policjantow. BULGARIA: N.P.S. Natzionalen Politzeyski Sindicat. CONSEJO EUROPEO DE SINDICATOS DE POLICIA: Organización no gubernamental del Consejo de Europa. En nuestro país los trabajadores policiales han realizado varios intentos para lograr el reconocimiento de sindicatos policiales. Además de haberse agrupado el personal en actividad y retirado en círculos de oficiales y suboficiales de cada fuerza y en mutuales y cooperativas que intentan suplir la falta de organizaciones sindicales. El listado de entidades solamente afiliadas a la FASIPP son las siguientes: Asociación Profesional Policial Entre Ríos (APROPOLER) Asociación Profesional Policial Buenos Aires (APROPOBA) Asociación de Policías Heridos y Desamparados Buenos Aires (APOHEDE) APROPOL Santa Fe (APROPOL Santa Fe) Asociación de Policías Autoconvocados por un Salario Justo del Chaco Asociación Profesional Policial Jujuy (APROPOJUY) Asociación Unión del Personal Policial (ASUPPOL – Río Negro) Asociación del Personal Penitenciario Federal (APPEFE) Asociación Gremial Policial – Tucumán (AGREPO) Sindicato Policial Salta (SIPOL) Asociación Penitenciaria Policial Organizada (APPOLO) Asociación Civil Unión Policial (ACUPol – Misiones) Asociación Civil Circulo De Suboficiales Y Agentes De Policías de La Pampa Asociación de Subalternos Policiales (ASUBPOL NEUQUEN) Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial de Jujuy Círculo Policial Loretano (Santiago del Estero) Familiares y Policías Unidos Catamarca (FA.P.U.CAT.) Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh) Sindicato Empleados Penitenciarios y Policiales (SEPPA – Córdoba) Sindicato Policial Formosa (SIPOLFOR) Sindicato Policial Mendoza (SPM) Sindicato Único Policial Tucumán (SUPOTUC) Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) Sindicato Policial Chaco (SIPOLCH) Sindicato Policial San Juan (SPSJ) Es de destacar que hay otras que no estando afiliadas no dejan de representar entidades validamente constituidas y que por carecer de mayores datos obviamos. En otros países, especialmente del África subsahariana, los trabajadores policiales están luchando por conseguir el reconocimiento de sus asociaciones. Tal el caso de Kenia, donde la Kenya Police Trade Union está intentando lograr personería judicialmente. Se han convertido, como el resto de los sindicatos, en una voz que no debe ser obviada. Son actores sociales necesarios para la democracia. En los Estados Unidos de América, España e Italia, por citar sólo tres casos, hay cantidad de sindicatos y federaciones policiales, con variedad de matices, que desempeñan su función como cualquier otra asociación gremial. Por ello se presenta el siguiente proyecto, que incorpora un artículo en la ley 23.551 que en tres incisos establece el derecho del personal policial y de fuerzas de seguridad a agremiarse y por el que se sancionan las conductas que encubiertamente pretendan dificultar dicha actividad; se solicita a los señores legisladores que acompañen la presente iniciativa. A las comisiones de Legislación del Trabajo, de Legislación Penal y de Seguridad Interior. Sede: San Lorenzo 3798 CP 2000 Rosario (santa Fe) Argentina – tel (0341) 5580609 – Móvil (0341) 153291820 Sitio Web oficial: www.fasipp.org.ar – email: fasipp1@yahoo.com.ar

Bien Muertos & De Hambre: Policia de Misiones

2011-01-23T20:54:00.000-03:00

>> 2010-Sep.-19 | Policiales

La pobreza cada vez golpea más a las filas policiales

• La crisis policial atraviesa quizá su momento más crudo • Hay efectivos que retiran bolsas de comida porque sino no comen • La mayoría tiene los sueldos embargados •

POSADAS. La Jefatura aplastó el intento de sindicalización policial con el pase a disponibilidad de los siete cabecillas de la iniciativa, pero no encuentra la manera de silenciar una realidad irrefutable: la crisis que afecta al personal atraviesa, quizás, su momento más crudo.Así como existen indicadores micro y macroeconómicos que establecen el nivel de pobreza e indigencia, en la institución policial hay estadísticas, guarismos que permiten asegurar que los uniformados pasan un momento poco feliz, triste.A la carga de adicionales, que permite oxigenar pero no subsanar el problema de las alicaídas finanzas del personal, se debe sumar un alto nivel de endeudamiento y de demandas judiciales, principalmente por alimentos.Fuentes consultadas por este diario indicaron que, actualmente, hay 370 pedidos de embargos de sueldos en la Dirección de Asuntos Jurídicos contra efectivos de la fuerza de seguridad.La mayoría de ellos provienen de entidades financieras que reclaman el dinero prestado, cuyos montos oscilan entre los 2000 y 30 mil pesos. Aunque hay casos de sumas mayores, como el de un comisario al que se le trabó embargo por la suma de 90 mil pesos.La crisis no es cuento de los medios de comunicación. Es palpable en la institución cuando se termina el dinero y las alternativas de conseguirlo. En ese momento aparece otro aspecto crudo de una problemática innegable: muchos uniformados concurren a la Jefatura a retirar las bolsas con mercaderías que les venden a precio de costo y que son proveídas por el Ministerio de Bienestar Social.Algunas de estas aristas, secuelas de un salario indigno, se pretendía reclamar por vías legales a través del gremio policial, pero el sueño fue aplastado mucho antes de ser realidad.
IndignaciónEl grado de indignación crece en simultáneo con las necesidades insatisfechas: para muchos, el jefe de Policía, comisario general Benjamín Alberto Roa, se preocupa más en las megaobras que lleva adelante en la manzana de la Jefatura que en la situación de precariedad laboral en que viven sus subordinados.   Muchos critican, incluso, que el jefe policial se vanaglorie de conducir una institución autosuficiente y mire para otro lado cuando sus hombres atraviesan circunstancias terribles.La inestabilidad económica y otros problemas coyunturales se reflejan en el estado de ánimo y psicológico de los subalternos: fuentes consultadas por este diario denunciaron el alarmante aumento de entrevistas psicológicas por distintos problemas, pero principalmente financieros, familiares y de adicciones con el alcohol.Hay un sector de la institución, más ortodoxo, que tiene una perspectiva diferente al mandamás policial. No entienden cómo se puede invertir tanto dinero en obras monumentales y no hay un solo peso para reparar el nefasto parque automotor.“A Roa no le importa la seguridad, sólo demostrar que la Policía se autofinancia y edificar”, consignó un experimentado investigador que pidió reserva de identidad.“Y para demostrar que su gestión es austera, hasta emplazó a los comisarios mayores a tomarse las vacaciones extraordinarias antes de diciembre porque de lo contrario las perderán. Porque dinero no habrá para nadie, o tal vez sólo para algunos privilegiados. Se olvida que en la gestión de ‘Carozo’ Gabriel él fue uno de los que cobró. Y en esa ocasión no antepuso cuestiones éticas, morales o de austeridad”, agregó el uniformado.
A vacacionarEn la actualidad, esos tres meses de vacaciones extraordinarias le significarían al Estado unos 24 mil pesos por beneficiado.Al parecer, los comisarios firmaron la notificación sin chistar y tienen un motivo más que entendible para hacerlo: en diciembre se producen los ascensos y todos -unos más que otros- tienen chances de ascender.En este sentido, se supo que hay 34 comisarios mayores en condiciones de pasar a generales, aunque hay un pequeño problema: las vacantes son solamente doce.Quizás, esa frase de que “a Roa no le importa la seguridad” sea fácil de respaldar: sobre todo si se mira el estado en que se encuentra el parque automotor y el equipamiento de los subalternos.En este sentido, harían ya tres años aproximadamente que no se compran nuevas armas, municiones, chalecos antibalas y uniformes para el cuerpo de Bomberos.Carencias que se traducen en la realidad: hasta aquí, la Policía no ha podido esclarecer hechos gravísimos y crímenes que continúan impúnes.

Los retiros no funcionanPese a las constantes convocatorias del jefe de Policía Benjamín Alberto Roa a retiros espirituales, que se traducen en una erogación mensual de 3000 pesos al Estado, el comisario general no puede hacer que la tropa “siente cabeza”.Altas fuentes de la fuerza de seguridad indicaron que alrededor del 20% del total de efectivos de la Policía de Misiones tiene demanda por alimentos.Ese porcentaje se traduciría en unos mil hombres, separados legalmente o de hecho de sus respectivas parejas.Fuentes consultadas por este diario indican que los policías, que en muchos casos tienen dos familias, no pueden solventar los gastos para mantener a las dos.Esa, justamente, sería otra de las causas por las que sacan créditos en efectivo que luego no pueden afrontar.Cuando el dinero no alcanza y las alternativas se acaban, los uniformados pueden retirar bolsones con alimentos de la Jefatura, muy redituables por cierto porque los compran al costo.

Fuente: Diario Primera Edición Digital

La Sindicalizacion Policial Ya Llego Al Congreso De La Nacion

2011-01-23T20:46:00.000-03:00

20:40 | 01/Jun./2010 | Nacionales

La sindicalización de las fuerzas de seguridad llegó al Congreso

La titular de la comisión de Seguridad Interior, Griselda Baldata recibió a los representantes de los efectivos y penitenciarios.

La Cámara Diputados de la Nación se hizo eco del reclamo de los trabajadores de la fuerza de seguridad que desde hace nueve años pelean por una ley que les permita la sindicalización. Esta controvertida cuestión que tiene gran resistencia por parte de los Estados provinciales comenzó a ser estudiada ayer por la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, a cargo de la cordobesa Griselda Baldata.

En la actualidad existen 20 provincias donde los trabajadores de las fuerzas de seguridad están agrupados en sindicatos no reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja y Catamarca son las únicas donde aún los efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario no se han podido unir para defender sus derechos laborales.

La vieja discusión versa sobre un tema por demás controvertido: ¿los policías pueden tener un gremio, como cualquier trabajador? Muchos sectores lo reclaman desde hace tiempo, pero en general lo hacen desde el anonimato por el simple y solo hecho de que se trata de una condición prohibida. Sin embargo representantes de una agrupación que trabaja precisamente en esa agremiación acudieron ayer directamente al Congreso para ver si puede avanzarse en el tema, y la Comisión de Seguridad Interior trabajará en la cuestión.

La Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios de la República Argentina (FASIPP), conformada por representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Misiones, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Misiones, solicitó la audiencia a los efectos de interiorizar a la diputada de la Coalición Cívica/ARI sobre la sindicalización de los trabajadores policiales argentinos. Por parte de Chubut, su representante, Carlos Michia, presentará el proyecto de sindicalización presentado en la Legislatura de su provincia el 20 de mayo por el diputado provincial Fernando Urbano Bloque CC-ARI. El proyecto fue enviado para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de esa Legislatura.

Para muchos, la sindicalización policial es “una deuda de la democracia” con los trabajadores policiales y representa “una desigualdad manifiesta y arbitraria en los derechos constitucionales con el resto de los trabajadores argentinos”.

Quienes reivindican la agremiación policial sostienen que “el trabajador policial debe ser considerado como un integrante más de la clase trabajadora, con los mismos derechos y garantías, otorgándoseles el derecho legítimo y legal de sindicalización para que puedan defender sus intereses profesionales”.

SATISFECHO. El oficial principal de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Raffo, secretario General de la Asociación Profesional Policial Entre Ríos (Apropoler) calificó de “positivo” que el proyecto sea analizado por el Congreso, ya que “las legislaturas provinciales no han escuchado el pedido de miles de trabajadores de la seguridad”.

El funcionario, que en la actulidad presta servicios en el Destacamento del barrio Mosconi de Paraná, dijo a UNO que el texto presentado en Diputados fue consensuado con la Federación. “Nosotros hemos realizado todos los pasos legales correspondientes, pero no se lograron resultados favorables”. Ese sentido, Raffo explicó que la iniciativa entregada en 2008 en la Cámara Baja de Entre Ríos fue archivada sin tratamiento. No obstante, el oficial precisó que presentaron “el estatuto en el Minsterio de Trabajo de la Nación en abril, pero fue rechazado”.

Raffo, quien es candidato para integrar el directorio del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) representando a los policías en la Lista 54 “Por la Dignidad del Trabajador Policial”, estimó que “a lo sumo en un año y medio los gremios dejarán de ser desconocidos para tener el apoyo del Congreso”.

En estudio

El proyecto consensuado por la Federación reconoce el derecho de sindicalización para el personal policial y penitenciario de la Provincia en virtud de los Pactos Internacionales suscriptos por la República Argentina. En la inciativa se indica que las restricciones previstas en el Pacto de San José de Costa Rica, sobra la prohibido del derecho a huelga. Queda claro que la intención de los trabajadores de la seguridad es defender sus derechos en un sistema verticalista, que muchas veces es perjudicial para el policía o guardiacárcel. En los fundamentos los representantes de los trabajadores citan fallos judiciales que permiten agremiarse.

Fuente: Hora Digital - Periodismo Joven Y Sin Restriciones

Nota Repudio a Dispocicion Nº 569/10 de la Policia de Misiones

2010-09-16T15:16:00.000-03:00

DESDE CORDOBA EL SEPPA REPUDIA LA APTITUD COBARDE Y ANTI DEMOCRATICA DEL SR. Crio. Gral. BENJAMIN ROA JEFE DE POLICIA DE MISIONES

Por considerarla arbitraria, abusiva y discriminatoria, Ud. esta violando los derechos mas elementales como son la libertad, los derechos humanos y laborales de todo trabajador.

Al Crio. Gral. Roa, le voy a dejar unas palabras mencionadas por el Juez de Córdoba Aldo Novak en oportunidad que se cuestiono la sindicalización del personal penitenciario y policial y dice lo siguiente, " debe tenerse en cuenta al respecto, que han existido acuartelamientos de personal de seguridad o circunstancias como el cruento motín ocurrido hace poco tiempo en esta ciudad, que no han sido consecuencia de actividad sindical, sino que, por el contrario, posiblemente no se hubieran producido de existir entidades gremiales que canalicen los reclamos colectivos del personal de seguridad, con los límites y alcances que corresponda establecer" y para terminar le recuerdo que a "prima facie estaría contraviniendo los postulados del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por el cual“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador: … organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial"

Sr. Jefe Roa, piense una vez en su vida con inteligencia y no con el enano fachista que lleva dentro suyo, la democracia y los derechos son también para el personal policial, así lo establece el Art. 19, C.N, LEY 23.551 Art. 1, 2, 3 y 4, C.N., Art. 75, inciso 22, párrafo 2do, Tratado de Paz de Versalles, parte XIII, ratificado por Ley 11.722, 25.9.33, OIT, Convenio 1511978, Carta Interamericana de Garantías Sociales Resolución XXIX, IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948. Derechos de Asociación. Art. 26, O.E.A, CONVENIO 1541981, Ratificado por Ley 23.544, O.N.U Resolución XXIX, IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948. Derechos de Asociación. Art. 26, y el Pacto de San José de Costa Rica 22.11.69, Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. (Aprobada por Ley 23.054, 1984) Art. 16: " Libertad de Asociación.

PARA EL SR JEFE DE POLICIA DE MISIONES BENJAMIN ROA ESPERO QUE LE SIRVA Y RECAPACITE, TODOS LOS DIAS SE APRENDE ALGO NUEVO.

Adriana Rearte

Secretaria Gral. S.E.P.PA

La Sindicalización Policial: LA HISTORIA PARALELA

2010-09-11T07:45:00.000-03:00

La Dra. Liliana A. Matozzo Candidata A Diputada Promueve La Sindicalización PolicialVicente López – La candidata a Diputada Nacional por el Partido Renovador de la Provincia de Buenos Aires, (Lista 249), Dra. Liliana Ángela Matozzo, Abogada y Doctora Sobresaliente en Ciencias Jurídicas, (foto), entre sus propuestas de campaña, manifiesta la necesidad de promover la sindicalización de la Policía y la defensa de los derechos de sus integrantes.

Mediante una nota cursada recientemente a la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA), la postulante a legisladora consigna sus deseos de arribar al Congreso para, entre otros proyectos, promover la defensa de los derechos del ciudadano policía y su seguridad laboral, tan despreciada por la política.

Entre las preocupaciones que la movilizan consigna las siguientes:

“1) Siempre consideré que el trabajador policial de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, es un ciudadano, a quien le han retaceado arbitrariamente el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales conforme lo establece la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales que nuestro país ha ratificado. También consideré que es la variable de ajuste de la ineficacia y corrupción política”.-

“2) Siempre he denunciado esta arbitraria e ilegítima situación, por lo tanto dentro de mi propuesta de campaña incluí automáticamente la sindicalización policial, como el derecho constitucional y social básico que tienen todos los trabajadores y que la policía también debe tener.

Esto lleva agregado, el derecho de percibir toda la remuneración en legal forma, sin ningún atajo administrativo, por el que desvíen conceptos de la integralidad de la remuneración.-

También propongo la intangibilidad de las Cajas Previsionales.-

En cuanto a la limitación de la jornada, sostengo, que la misma debe ser más reducida que la de cualquier trabajador, especialmente en el caso del trabajador policial que cumple tareas en la vía pública. La tarea es altamente riesgosa, estresante y conspira contra su salud. A esto hay que agregarle una adecuada atención de su salud, eficientizando el IOMA (que es un real desastre) y garantizando la adecuada alimentación (¡Basta de policías comiendo pizza, factura y mate!).

Los descansos deben ser adecuados y permitir al trabajador policial mantener una vida familiar armónica.

Para el caso en que ambos cónyuges sean policías, deben tener la posibilidad de armonizar sus horarios, de modo de facilitar su interacción familiar. La vida en familia también es un derecho de los policías.

El arraigo es también un derecho. ¿Por qué sumarle al policía traslados irracionales, alejamiento de su familia, de sus seres queridos, de sus intereses de vida? El policía también tiene una vida”.

“3) En cuanto a las leyes de emergencia policial, pueden acudir a todo lo que he publicado estos años, y a las críticas públicas que en forma directa dirigí hacia el ex gobernador Felipe Solá y al Ministro Arslanián, que he continuado con sus sucesores, ya que cambiaron las caras, pero “no las mañas”.-

La prescindibilidad es la antinomia del Derecho. Es un aborto jurídico”.

“4) Desde el Congreso Nacional, se pueden reformar leyes para impedir que la prescindibilidad sea una opción de disimular “purgas”, y exigir que el régimen disciplinario que se aplique a las fuerzas de seguridad de todo el país, sea constitucional, ajustado al derecho internacional.

No es legítimo exonerar a un policía porque ha sido simplemente denunciado en una causa penal que jamás se concluyó (a propósito). Debe haber una sentencia penal condenatoria antes de la cesantía administrativa. Esta corruptela inunda los juzgados contencioso-administrativos con juicios contra el Estado que pueden ser perfectamente evitados, actuando a Derecho. ¿Por qué no prescinden jueces, fiscales y políticos inútiles o denunciados? ¿Por qué al policía se le puede hacer todo lo que al Poder de Turno se le ocurra, y además prohibirle protestar y defenderse?”.

“5) Judicialmente he tenido la satisfacción profesional de haber ganado en primera y segunda instancia juicio contra la prescindibilidad decretada por Arslanián. (Está en Internet)”.

Finalmente consigna: “Espero haber aportado tranquilidad a los trabajadores policiales, quienes ya saben que desde la banca voy a continuar defendiendo sus derechos, como personas primero, luego como policías. Al trabajador policial se le debe contemplar el derecho a la sindicalización:

PORQUE: es un derecho que garantiza la Constitución Nacional en su art. 14 bis, para todo ciudadano de este País.

PORQUE: la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reafirma este derecho sin mencionar exclusión de ningún tipo.

PORQUE: Contrariamente a lo argumentado por el gobierno, no existen, ni podrían existir tratados internacionales suscriptos por nuestro país que lo prohíban.

PORQUE: Una mejora en las condiciones laborales no solo mejorará el nivel de vida del trabajador policial, sino que redundará en un mejor desempeño y una mejora en la prestación del servicio, en beneficio de toda la sociedad a la que sirve.

PORQUE: Iniciado ya el siglo XXI, resulta impensable que un trabajador de un país civilizado carezca de las mínimas garantías laborales y resulte precisamente el Estado empleador quién abusando de su poder asuma el arbitrio de denigrarlo, someterlo, insultarlo, utilizarlo conforme a su conveniencia política, negarle el descanso necesario, incumplirle en los pagos, hacer incierto su futuro y echarlo sin motivo ni explicaciones en la oportunidad que se le ocurra sin posibilidades de defensa.

PORQUE: En los países donde el tema de la seguridad pública es tomado en serio por los gobiernos las fuerzas policiales se encuentran sindicalizadas y ello no se contrapone con la prestación del servicio.

PORQUE: Resulta una garantía para el ciudadano que la fuerza policial pueda utilizar el canal sindical ante la posibilidad de que algún gobierno pretende la utilización de la misma en cuestiones ajenas a su específica función.

Y FUNDAMENTALMENTE:

“PORQUE NADIE PUEDE PRETENDER DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS SI NO PUEDE O NO ES CAPAZ DE DEFENDER LOS PROPIOS”

Aclaración: esta propuesta excluye el derecho a huelga y la violación del régimen disciplinario.

Autora: Dra. Liliana A. Matozzo

A favor de la sindicalización policial

2010-09-11T07:39:00.000-03:00

Por MARTIN LOZADA
Especial para "Río Negro"
Fuente: Río Negro On-line, publicado en el sitio de IADE.ORG.AR

El reciente voto de uno de los jueces de la sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo, Dr. Capón Filas, en un asunto en el cual ciertos agentes policiales discutían una resolución ministerial que les negaba inscripción gremial, reabrió el debate en torno de uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito laboral de las fuerzas de seguridad del Estado: su sindicalización.

Dicho voto pone en crisis la opinión según la cual la sindicalización no resulta aplicable a los agentes públicos cuyo "estado militar o policial" los sujeta a una estructura de carácter marcadamente jerárquico, articulada sobre pilares de disciplina y dependiente de una cadena de mandos.

Circunstancias que estiman como incompatibles con el planteo de conflictos colectivos o negociaciones convencionales que colocaran a dichas instituciones en estado deliberante, capaz de demorar decisiones urgentes para la seguridad de las personas.

El Dr. Capón Filas, en cambio, sostuvo que debe reconocerse a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando el Estado argentino ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ninguna ley fue sancionada excluyendo la libertad sindical de tales sectores.

En tal sentido, destacó que el artículo 2 del convenio 87 prevé que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a ellas.

Y que si bien el artículo 9° del convenio autoriza excepciones a la aplicación de esas disposiciones en el caso de la policía y de las fuerzas armadas, lo cierto es que el Comité de Libertad Sindical recuerda que debería darse una definición restrictiva de los miembros de las fuerzas armadas que pueden ser excluidos de la aplicación del convenio.

En apoyo de su tesis citó la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que por emanar del Tratado de Asunción es superior a las leyes, así como la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que constituye una norma obligatoria para todos los Estados miembros de la OIT.

El punto analizado tiene sus antecedentes en el orden nacional: el 3 de diciembre de 2001 se realizó en la legislatura bonaerense el Primer Encuentro sobre Discriminación de los Policías en el Ejercicio del Derecho Sindical. En la ocasión se coincidió en la necesidad de impulsar la creación de un sindicato que agrupe a los efectivos de esa fuerza de seguridad y denunciaron "la sordera caprichosa del poder político".

Más tarde, el 17 de abril de 2002, los representantes de los sindicatos policiales de distintas provincias realizaron también en la legislatura bonaerense el Primer Congreso Nacional en el que se impulsó la reglamentación de esas entidades.

En diciembre de ese año el tema quedó impuesto a nivel ministerial gracias a que Marcelo Saín, por aquellos días viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, presentó al gobernador Felipe Solá un proyecto de reforma integral y sindicalización de la fuerza.

Dicha iniciativa quedó latente, no obstante contar con el apoyo de algunos legisladores, así como de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que incluso pidió apoyo a la OIT para impulsar la creación de un sindicato de policías en esa provincia.

Existen experiencias válidas de sindicalización de las fuerzas armadas en Israel, Alemania y Estados Unidos, donde dicha facultad en nada impide una adecuada prestación de la específica carga laboral. Lo mismo sucede con las fuerzas policiales en Uruguay, Suecia, España, Bélgica.

Tan es así que el Consejo Europeo de Sindicatos de Policías, compuesto por casi dos decenas de organizaciones sindicales nacionales, afirmó recientemente que "el derecho de los policías de constituir sindicatos para la defensa de sus intereses y la mejora del servicio público que representan, no presenta excepciones en un país que se tiene por democrático".

La discutida sindicalización de los trabajadores policiales permitiría una representación colectiva que defienda los intereses laborales del sector, sin por ello resentir los principios de disciplina y subordinación imperantes en las instituciones a que pertenecen. Punto, claro está, donde radican las preocupaciones de quienes ocupan las más altas jerarquías en las respectivas fuerzas.

He aquí el desafío planteado: reconocer y proteger los derechos hasta ahora restringidos de un colectivo laboral y, simultáneamente, adoptar una reglamentación que impida que sus eventuales medidas de fuerza obstruyan el normal desenvolvimiento del servicio de seguridad. Una ecuación delicada, es cierto, pero constitucionalmente posible.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la sindicalización policial

2010-09-10T21:34:00.000-03:00

Washington, DC, 10 de mayo de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. La CIDH espera que este informa contribuya a demostrar que es imperioso modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, cambiando el foco de atención de la represión a la prevención de la criminalidad y la violencia.

92. La Comisión recuerda que la doctrina más reconocida en la región menciona, entre los derechos de los miembros de las fuerzas policiales: (1) la remuneración justa, que permita al policía y a su familia un nivel de vida digno, teniendo en cuenta los peligros, responsabilidades y situaciones de estrés a las que se ve enfrentado por su accionar cotidiano, así como la capacidad técnica que su profesión le exige; (2) condiciones de seguridad e higiene en el trabajo; (3) respeto al horario y apoyo psicológico y físico necesarios; (4) el régimen de descanso y vacaciones proporcionales al desgaste que implica su labor en permanente estrés; (5) el deber de cumplimiento de órdenes superiores sólo si éstas son legales y, en caso contrario, el derecho a oponerse a ellas, no pudiéndose aplicar medida penal o disciplinaria alguna al funcionario que rehúsa una orden ilegal o violatoria de derechos humanos; (6) recibir, de modo permanente, la formación adecuada al cumplimiento de sus funciones, estableciendo una carrera policial que sea el soporte académico-profesional de la transformación cultural. Los hombres y mujeres que integran las fuerzas policiales deben recibir una capacitación y formación operativa permanente en derechos humanos, que sea exhaustiva en materia de evaluación táctica del peligro, de modo que puedan determinar en cada situación si el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es proporcionado, necesario y lícito[118].

93. También en cuanto los derechos del personal de las fuerzas policiales, es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical. En este sentido, los Estados Miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros respecto a toda la población bajo su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio determina que la actividad sindical de los funcionarios y funcionarias policiales puede someterse a algunas limitaciones o restricciones que no rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada, propias de una institución sometida a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática, como se desarrollará oportunamente en este informe al analizar el derecho a la libertad de asociación en su relación con la política pública sobre seguridad ciudadana.

Los países de la región presentan hoy algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, y los jóvenes son el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Esto ha posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. El informe destaca que los altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las personas en América Latina y el Caribe generan alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH señala en su informe que las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados de la región se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria. Observa el informe que estas políticas han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas.

La Comisión expresa en el informe que los Estados Miembros tienen el deber de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad, a partir de las orientaciones y dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos. El informe señala asimismo que es necesario que se adopten medidas para la profesionalización de la policía, así como una política pública que tenga en cuenta la seguridad y los derechos de los agentes del Estado, incluidos los miembros de la policía. La CIDH expresa en su informe que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben focalizarse en la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia.

El informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos fue elaborado en el marco del memorándum de entendimiento entre la CIDH, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Su preparación y publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de UNICEF, OACNUDH, el Gobierno de Italia y la Fundación Open Society Institute. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil de las Américas apoyaron la elaboración de este informe con valiosos aportes y contribuciones.

El 11 de mayo de 2010, tendrá lugar la presentación del informe en Argentina, en el Congreso de la Nación. El panel estará integrado por el Vicepresidente de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro; el secretario ejecutivo, Santiago Canton; la diputada argentina Griselda Baldata y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Asimsimo, participará en el evento el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. Tras las presentaciones, que tendrán lugar de 10.30 a 13.30 horas en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, habrá una conferencia de prensa en el salón “José Luis Cabezas”, a partir de las 15.30 horas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos

IV. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS

35. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención. Asimismo, la invocación efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien[32].

36. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.

A. Las obligaciones de los Estados conforme a la Convención Americana

37. La Convención Americana protege los derechos a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros relacionados con la seguridad ciudadana, cuyo contenido será materia de análisis en capítulos posteriores de este informe. Asimismo, el artículo 1 de la Convención Americana establece que

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El alcance de esta disposición ha sido analizado reiteradamente por la Comisión y la Corte a los efectos de determinar el concepto de obligaciones positivas en materia de derechos humanos. La Corte, específicamente, ha establecido jurisprudencia firme en cuanto a que

la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1 contempla para los Estados, de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte, el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[33].

Por su parte, el alcance del concepto jurídico de obligaciones positivas dentro del Sistema Interamericano se complementa por el Artículo 2 de la Convención Americana, que dispone:

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

La Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades que

(...) el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes: por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia de dichas garantías. Más aún, esta adopción de medidas se hace necesaria cuando hay evidencia de prácticas contrarias a la Convención Americana en cualquier materia[34].

Las obligaciones asumidas internacionalmente por los Estados Miembros deben ser cumplidas de buena fe conforme a lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en sus artículos 26, 27 y 31[35].

38. Antes de abordar los temas directamente relacionados con las políticas públicas sobre seguridad ciudadana y a fin de comprender el posible alcance de la responsabilidad internacional del Estado respecto de situaciones vinculadas al tema, corresponde explorar los criterios o factores de atribución de responsabilidad estatal establecidos en la Convención Americana, así como su interpretación por la Comisión y la Corte en informes y sentencias sobre casos individuales relevantes. A grandes rasgos, las personas bajo la jurisdicción del Estado pueden ver sus derechos fundamentales comprometidos ya sea por conductas de agentes estatales o por conductas delincuenciales de particulares que en caso de no ser esclarecidas generan responsabilidad estatal por incumplimiento con la obligación de brindar protección judicial. En el caso de personas en situación de especial vulnerabilidad, la responsabilidad estatal también surge frente a la ausencia de medidas de prevención del daño. También se analizará el caso particular de las obligaciones reforzadas bajo la Convención de Belém do Pará.

1. Responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes y de terceros

39. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte en todo su alcance. En efecto, dicho artículo impone a los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho Internacional general. Es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia[36]. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.

40. ambién puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. En este sentido, la Corte Interamericana ha considerado que

dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención[37].

2. La obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana

41. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales[38].

42. Al mismo tiempo, los Estados no son responsables por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía[39].

43. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la Convención y conforme al artículo 27.2 forman parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[40]. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida. La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida[41], conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción[42].

44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitarlos[43]. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención.

3. La obligación de investigar

45. La obligación de los Estados de investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la Convención Americana deriva de la obligación general de garantía establecida en su artículo 1.1 en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado[44] y las garantías del debido proceso y protección judicial de los artículos 8 y 25. A la luz de ese deber, toda vez que las autoridades estatales tengan conocimiento sobre una conducta que haya afectado los derechos protegidos en la Convención Americana y sea perseguible de oficio, deben iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación[45]. La investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

46. La obligación de los Estados de investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la Convención Americana se mantiene cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación. En el caso de que las conductas en cuestión sean atribuibles a particulares, de no ser investigadas con seriedad, comprometerían la responsabilidad internacional del Estado en carácter de auxiliador[46]. En los casos en los que las conductas en cuestión puedan involucrar la participación de agentes estatales, los Estados tienen una especial obligación de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables[47]. Por último, en los casos que involucran la comisión de violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, la Corte ha establecido que resultan inadmisibles las amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables[48]. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la Corte ha establecido que éstos producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales[49]. En estos casos la adopción de leyes de amnistía con las características conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana[50].

4. Las obligaciones reforzadas en materia de violencia contra la mujer conforme a la Convención de Belém do Pará

47. En el caso de delitos que involucran violencia contra la mujer los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada con base en la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[51] y en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Dado que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, debe determinarse en el caso particular si los actos de violencia se encuentran influenciados por un contexto de discriminación contra la mujer[52]. En los casos en los que se demuestre que hechos de violencia perpetrados contra una mujer se enmarcan en las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención de Belém do Pará, corresponde determinar si las autoridades han cumplido con su deber de garantía de los derechos afectados (vida, integridad personal, libertad, según corresponda) conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana y al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que complementa el corpus juris internacional en materia de prevención y sanción de la violencia contra la mujer.

48. El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal, en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia[53]. En su informe temático sobre “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia” la Comisión indicó que

[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales[54].

Según ha señalado la Corte Interamericana, en los casos en los que se incumple con la obligación de investigar conductas delictivas que involucran a la violencia contra la mujer, la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada. Esto favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la administración de justicia[55]. La Corte también ha señalado que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. En ese sentido, ha encontrado que en casos que involucran violencia contra la mujer e impunidad, influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer, los Estados son responsables por incumplir con el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el deber de garantía de los derechos violados en perjuicio de las víctimas y sus familiares[56].

49. En cuanto al deber de prevención, los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra la mujer[57]. Por su parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer[58].

B. La caracterización de una política pública sobre seguridad ciudadana

50. La construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Estos se encuentran constituidos por el marco jurídico emanado de los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por los pronunciamientos y la jurisprudencia de los organismos de contralor que integran los diferentes sistemas de protección. Los estándares establecen orientaciones generales, determinando mínimos de protección que deben ser necesariamente respetados por el Estado. La Comisión reitera que ha recordado a los Estados Miembros en varias oportunidades su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho dentro del pleno respeto de los derechos humanos[59]. Es a partir de esta premisa que los Estados Miembros deben definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos más vulnerables frente a contextos críticos de altos niveles de violencia y criminalidad, desde que la Comisión ya ha mencionado que “(...) la violencia y la delincuencia afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho (...)”[60].

51. El diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos además por el encuadre que proporcionan los principios internacionales de derechos humanos, especialmente, los principios de participación, rendición de cuentas, y no-discriminación. Según las definiciones más aceptadas en el plano internacional: (1) el principio de participación implica que “toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”; (2) el principio de rendición de cuentas o de “responsabilidad e imperio de la ley” establece que “los Estados deben responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados están facultados para iniciar procesos judiciales para la reparación apropiada de daños ante un tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos legales”; y (3) el principio de no discriminación alude a que “todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la dignidad inherente de toda persona. Todos los seres humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase en base a la raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos”[61].

52. A juicio de la Comisión, de los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores se deriva que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad[62]. Una política pública es, por tanto, un instrumento de planificación, que permite la racionalización de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales involucrados. Según las definiciones más aceptadas, las políticas públicas se caracterizan por ser: (1) integrales (por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto); (2) intersectoriales (por comprometer acciones, planes y presupuestos de diferentes actores estatales); (3) participativas (por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad); (4) universales (por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo); y (5) intergubernamentales (por comprometer entidades de los gobiernos centrales y locales)[63].

53. Por otra parte, necesariamente las políticas públicas deben ser sustentables, debido a que, por su naturaleza, requieren tiempos de ejecución en el mediano y largo plazo. Esta característica significa que la implementación de una política pública no puede medirse de acuerdo a la duración de un período de gobierno. En consecuencia, cualquier clase de política pública sobre seguridad ciudadana requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región. La construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana enfrenta obstáculos a partir de la manipulación de la inseguridad subjetiva con objetivos exclusivamente político-partidarios, escenario que se advierte claramente en algunos países de la región durante los períodos electorales. Esto no significa que pueda existir algún tema vedado para el amplio debate público. Por el contrario, el intercambio de ideas, las presentación de propuestas alternativas para solucionar los grandes temas que concitan la preocupación de las personas que viven en una sociedad, y la demanda ciudadana orientada a la rendición de cuentas de las autoridades públicas, son elementos constitutivos de una sociedad democrática. Sin embargo, la Comisión anota que en el hemisferio, en los últimos años, y a partir de la alta sensibilidad de la población frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados delitos, puede verificarse un manejo del tema de la inseguridad ciudadana se relaciona más con el desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo, que en el objetivo de informar adecuadamente a la sociedad y de convocar a las instituciones públicas, las organizaciones sociales, medios masivos de comunicación y a la comunidad en general, a reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática, y sobre las medidas realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza de la violencia y el delito.

54. Este concepto de política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales, a los efectos que los Estados Miembros puedan cumplir cabalmente sus obligaciones internacionales de protección y garantía. En este sentido, la referencia al enfoque de derechos en las políticas públicas debe ser entendido en dos dimensiones, diferentes pero complementarias: por una parte, los estándares y principios de derechos humanos aportan una guía u hoja de ruta para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas; y, por otra parte, y a la vez, los Estados deben desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo la realización de estos derechos[64].

55. Los Estados miembros deben diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos como instrumento para cumplir rigurosamente con las obligaciones, de tipo negativo y de tipo positivo, asumidas, en especial, en el marco del Sistema Interamericano respecto a los derechos comprometidos con la seguridad ciudadana. Al respecto, la Comisión ya ha manifestado anteriormente que “considera que existe una impostergable necesidad de que los Estados reflexionen sobre el tema y adopten medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población y el respeto a los derechos humanos[65]. En definitiva, y a partir de los desarrollos precedentes, para la Comisión, una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es aquella que incorpora el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas: el área institucional, el área normativa y el área preventiva[66]. De esta forma se da satisfacción a dos de los requisitos esenciales de una política pública, como son la integralidad y la multilateralidad.

56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de seguridad ciudadana, los aspectos operativo-institucionales se relacionan, fundamentalmente, con los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en relación con

(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de quienes lo integran (...)[67].

57. El área normativa de la política pública de seguridad ciudadana se refiere a la adecuación del marco jurídico, tanto a las necesidades para la prevención o represión del delito y la violencia, como para el desarrollo del procedimiento penal o la gestión penitenciaria. En esta dirección, la legislación interna debe articular equilibradamente las potestades de las instituciones estatales (sistema judicial, policial y penitenciario) con las garantías de los derechos humanos. Las normas que tienen que ver con la política de seguridad ciudadana establecen, en la generalidad de los casos, limitaciones o restricciones al ejercicio de algunos derechos humanos. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, el respeto al principio de legalidad establece que estas normas deben tener jerarquía de ley, tanto en el sentido material, como en el sentido formal. En esta dirección se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al analizar el artículo 30 de la Convención Americana[68]. Las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben interpretarse armónicamente, lo que implica, por una parte, la ponderación entre derechos de igual jerarquía que muchas veces entran en conflicto; y por otra parte, la necesidad de que el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros pueda establecer que el ejercicio de determinados derechos humanos puede ser regulado, y, por ende, ser objeto de alguna forma de restricción o limitación[69]. La Comisión reitera que los principios de legalidad, respeto del Estado de Derecho, dignidad de la persona humana, excepcionalidad e igualdad y no discriminación, establecen los límites para cualquier forma de restricción o limitación en el ejercicio de los derechos humanos, específicamente en cuanto a las acciones que implementen los Estados miembros de la OEA para enfrentar los problemas generados por la delincuencia y la violencia[70]. A la vez, se destaca muy especialmente que otros derechos, consagrados en el Sistema Interamericano, nunca pueden ser objeto de suspensión[71] .

58. En el área preventiva se incluyen responsabilidades que exceden las competencias asignadas a la administración de justicia y la policía. En este caso, y siguiendo la definición de política pública adoptada, se incorporan aquí las acciones no punitivas que deben implementar otras agencias estatales (del gobierno central y de los gobiernos locales) en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y los medios de comunicación[72]. Se trata de medidas de prevención social, comunitaria y situacional, que tienen como objetivo intervenir sobre los factores posibilitadores o factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad[73]. Los responsables de diseñar la política pública de seguridad ciudadana deben tener en cuenta, inclusive, los resultados en función de la ecuación costo-beneficio de las medidas de prevención frente a las medidas de represión de la violencia y el delito[74].

59. La Comisión reitera que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, y por tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral. Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la experiencia de los planes y programas implementados en la región en los últimos años, las acciones que los Estados Miembros de la OEA lleven adelante para enfrentar la violencia y la criminalidad, deben otorgarle una especial centralidad a las medidas de prevención. Estas medidas de prevención deben abarcar un amplio espectro, que atienda a algunos cambios culturales en la región como elemento que favorece la reproducción de la violencia, así como la incidencia de la exclusión y la marginación, que han dañado seriamente el tejido social en las últimas décadas. En esa línea se han pronunciado las autoridades del hemisferio a cargo de la seguridad ciudadana, en el momento de señalar la necesidad de que se adopten medidas con el objetivo de

(...) promover políticas públicas de estado, en coordinación con las instituciones relevantes destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad (...) promover los programas educativos, especialmente en las escuelas, así como ampliar la concientización de los diferentes actores de la sociedad en temas de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad[75].

60. Las experiencias de prevención más exitosas en el hemisferio han tenido como objetivo central enfrentar los factores que posibilitan la reproducción de la violencia en el espacio local. En ese sentido, se ha trabajado en medidas para reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares. Asimismo, se destacan los esfuerzos para el rediseño urbano, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables y los sistemas de transporte. También debe hacerse expresa mención a la creación de bolsas de trabajo en las zonas de mayor violencia de las ciudades. En el plano institucional, los programas exitosos apostaron a la profesionalización de la policía y la implementación de programas para mejorar la relación entre la policía y las comunidades locales. Asimismo, se destacan experiencias que han tenido efectos positivos a partir de una gestión de la seguridad basada en una adecuada información sobre la realidad objetiva y subjetiva de la violencia y la delincuencia, incorporando sistemas de construcción de indicadores, recolección de datos, y trabajo a partir de mapas georeferenciados para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. En el mismo sentido, deben citarse los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia. Por su parte, desde el punto de vista de la prevención terciaria, debe hacerse expresa mención al trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos, mediante programas de penas alternativas a la prisión, que hagan efectiva la responsabilidad del victimario, en dirección de la debida compensación, mediante la reparación a la víctima o el trabajo comunitario, de los daños generados por su comportamiento ilícito[76].

61. Las obligaciones positivas asumidas por los Estados implican que éstos deben generar las condiciones para que la política pública sobre seguridad ciudadana contemple prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, que garantice a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito. En este sentido, la Comisión señala su preocupación por las debilidades verificadas históricamente en la región respecto a la creación de una institucionalidad que permita una adecuada gestión estatal en esta materia. Estas dificultades se verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas: (1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) la privatización de los servicios de seguridad; (3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; y (5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.

1. La atención a las víctimas de la violencia y el delito

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” a

todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización[77].

63. La Comisión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre las obligaciones de los Estados Miembros respecto a las víctimas de la violencia y el delito, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana que establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, la cual comprende el deber de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados partes tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos protegidos en la Convención Americana. La Comisión ha establecido en el contexto de casos individuales que los hecho ilícitos violatorios de los derechos humanos aunque inicialmente no resulten directamente imputables a agentes del Estado, pueden acarrear la responsabilidad internacional del Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para esclarecerla en los términos requeridos por la Convención[78].

64. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que el deber de garantía se ve vulnerado toda vez que el aparato del Estado actúa de modo que no se restablezca a la víctima en la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a sus familiares en estado de total indefensión[79]. La Corte ha establecido que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos[80].

65. En la misma dirección, la Comisión, citando a la Corte, se ha pronunciado respecto al deber de los Estados de evitar y combatir la impunidad, definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”[81].

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial-policial, hasta las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas[82].

67. Los Estados Miembros deben dar adecuado cumplimiento a sus obligaciones positivas respecto a los derechos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, transformando el contenido de estas orientaciones en un marco normativo institucional, a la vez que disponiendo las asignaciones presupuestales indispensables, para hacer viables las respuestas operativas a las víctimas de la violencia y el delito. Entre otros aspectos, el marco normativo y las prácticas institucionales deben tener en cuenta las necesidades de capacitación del personal policial, judicial, de salud y de los servicios sociales oficiales; la existencia de protocolos de intervención comunes a todas las áreas del Estado involucradas; y el funcionamiento de una infraestructura apropiada. Del mismo modo, la Comisión recuerda que “la participación de las víctimas en las distintas etapas procesales constituye garantía del derecho a la verdad y la justicia, forma parte de la compleja estructura de pesos y contra pesos del proceso penal y favorece la fiscalización ciudadana de los actos del Estado”[83].

68. La Comisión ha establecido que cuando se genera un daño a personas identificadas como miembros de grupos vulnerables y se verifica un patrón general de negligencia y falta de efectividad para procesar y condenar a los agresores, el Estado no sólo incumple con su obligación de esclarecer un crimen, sino también su obligación de prevenir prácticas degradantes. La Comisión ha manifestado que

Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia […],al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos[84].

La Comisión ha establecido que a fin de garantizar el derecho a la no discriminación, los Estados están en la obligación de adoptar medidas de acción positiva y de establecer distinciones basadas en desigualdades de hecho. En un caso sobre patrones de discriminación y violencia policial contra jóvenes pertenecientes a un grupo social especialmente vulnerable por su condición racial y social, la Comisión estableció que la situación de la víctima ameritaba la adopción de medidas positivas en su favor, incluyendo el trato igualitario ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana) y el respeto a la presunción de inocencia (artículo 8 de la Convención Americana).[85] La Comisión indicó que en ese tipo de casos

la omisión de medidas de acción afirmativa para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, de iure o de facto, en perjuicio de determinado grupo de personas, genera la responsabilidad internacional del Estado (..) Si bien las leyes (..) no presentan discriminación y se garantiza prima facie una aparente igualdad, en la realidad de los hechos la situación es otra, pues los estudios disponibles indican el sesgo seguido por la policía del estado, consistente en el empleo de una violencia innecesaria para con las personas sometidas a sus procedimientos, especialmente sobre aquellos individuos con caracteres inherentes a la raza negra, residentes en las favelas o zonas marginales. Este proceder en muchos casos lleva a la muerte del afectado. Es por ello que la simple promulgación de leyes sin efecto práctico alguno no garantiza el pleno goce y ejercicio de derechos.[86]

No basta con que haya formalmente disposiciones legales que garanticen la igualdad, sino que éstas deben ser efectivas, es decir, deben dar resultados o respuestas necesarias para la protección de los derechos contemplados en la Convención Americana.

69. En términos de la reparación del daño, sin perjuicio de la universalidad de los servicios que debe prestar el Estado, éste debe garantizar el funcionamiento de sistemas adecuados de atención a las víctimas de la violencia o el delito cuando se trata de mujeres; niños, niñas o adolescentes; adultos mayores; población indígena o afrodescendiente[87]. La Comisión ha señalado en anteriores oportunidades que los Estados Miembros deben disponer de personal especializado en todas las instituciones del sistema de seguridad ciudadana, que esté en condiciones de brindar un servicio de calidad al conjunto de la población, haciendo efectivo, de esta forma, el principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana[88].

2. La privatización de la seguridad ciudadana

70. Es un hecho evidente que, en los últimos veinticinco años, las empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad se han reproducido de manera constante en las Américas. En muchos casos, el número de empleados de estas empresas privadas superan con creces las plazas que los Estados Miembros asignan a sus fuerzas policiales. Estudios recientes ponen en evidencia el crecimiento que la oferta privada de seguridad está teniendo a nivel mundial. En este sentido, estas investigaciones señalan que, en el período anterior a la actual crisis económica internacional, los emprendimientos privados comerciales o industriales relacionados con la seguridad en los principales mercados del mundo mostraron un extraordinario crecimiento, que llegó entre los años 2001 y 2005 a tasas que oscilaron entre el 8 y el 9 %, lo que implica un incremento dos veces más rápido que el conjunto de la economía mundial, siendo superadas solamente por el crecimiento de la industria del automóvil en ese período[89]. En América Latina, el crecimiento del mercado de bienes y servicios de seguridad privada en los últimos quince años se estima en un 11 %[90].

71. La Comisión se ha manifestado también oportunamente sobre algunos problemas relacionados a la creciente intervención de las empresas privadas en la prestación de servicios de seguridad. En este sentido, ha subrayado que “la falta de registro legal de las policías privadas favorece la inexistencia de control estatal de las actividades llevadas adelante por las mismas, en ocasiones delictivas, y facilita la comisión de abusos”. En este mismo sentido, la Comisión señaló la ausencia de procedimientos de control sobre las empresas privadas de seguridad, a la vez que expresó su preocupación por las denuncias presentadas acerca de casos de violaciones a los derechos individuales cometidos por sus empleados[91].

72. Los Estados Miembros, en cumplimiento a su deber de garantía de los derechos humanos comprometidos en las políticas de seguridad ciudadana, deben asumir las funciones de prevención, disuasión y represión del delito y la violencia, por ser los depositarios del monopolio de la fuerza legítima. La privatización de la funciones de seguridad ciudadana tiene como consecuencia que ésta se desvincule de la noción de derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado, para transformarse en un mero producto que puede adquirirse en el mercado, y, en la generalidad de los casos, exclusivamente por aquellos sectores de la sociedad que cuentan con los recursos económicos para hacerlo.

73. En los países donde el funcionamiento de empresas privadas de seguridad esté autorizado de acuerdo a las normas que rigen la actividad económica, la presencia en el mercado de este tipo de emprendimientos debe ser debidamente regulada por las autoridades públicas. En especial, debe señalarse la necesidad de que el ordenamiento jurídico interno regule las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad; el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a utilizar; los mecanismos adecuados para el control de sus actividades; la implementación de un registro público; a la vez que definir un sistema para que estos emprendimientos privados informen regularmente sobre los contratos que ejecutan, especificando puntualmente el tipo de actividades que desempeñan. Del mismo modo, las autoridades públicas deben exigir el cumplimiento de los requisitos de selección y capacitación de las personas contratadas por las empresas de seguridad privada, regulando con detalle cuáles son las instituciones públicas que están en condiciones de extender certificados de habilitación para sus empleados[92]. En todo caso, y de acuerdo a la definición adoptada por la Comisión en este informe, las empresas privadas solamente brindan servicios de seguridad o custodia de bienes y valores, y no son un complemento o un sucedáneo a las obligaciones de los Estados Miembros en materia de seguridad ciudadana, ya que la garantía de los derechos humanos vinculados a esta última es una responsabilidad estatal indelegable.

3. La gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana

74. La Comisión entiende por gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana la capacidad institucional por parte de las autoridades legítimas de diseñar, implementar y evaluar políticas de prevención y control de la violencia y el delito[93]. En la región, históricamente estas responsabilidades fueron delegadas, en muchos casos informalmente, por el sistema político a las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de esto, las decisiones sobre la seguridad de las personas y sus bienes respondieron primordialmente a los intereses de esas fuerzas, siendo asumidas con total autonomía del resto de las políticas públicas, y sin ningún tipo de control por parte de la ciudadanía. Entre otros efectos negativos, la situación mencionada favoreció, en muchos casos, los abusos y las desviaciones de poder por parte de las fuerzas de seguridad[94]. Esta debilidad institucional y el desgobierno político civil de la seguridad ciudadana, constituyen un evidente incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en relación a sus deberes respecto a los derechos humanos comprometidos en la política pública de seguridad ciudadana[95].

75. Las dificultades respecto a la gobernabilidad de la seguridad ciudadana se pusieron especialmente en evidencia cuando muchos países del hemisferio comenzaron la recuperación de sus sistemas democráticos en los últimos cinco lustros, después de varios años de guerras civiles, gobiernos autoritarios o dictaduras militares. Sin desconocer los déficits institucionales tradicionales de la región, la ausencia del Estado de Derecho durante esos períodos potenció el problema. La Comisión ya se ha manifestado respecto a las consecuencias de la debilidad de la institucionalidad democrática respecto a la vigencia de los derechos humanos. En ese plano, sostuvo oportunamente que

el sistema democrático y la vigencia del estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos. El estado de derecho a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos implica el buen funcionamiento del Estado, y el cumplimiento efectivo y equitativo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación o salud. En definitiva, el estado de derecho implica pleno respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de los Estados garantizando que se acceda a mejores y mayores formas de protección de los valores de la dignidad humana[96].

76. A los efectos de no dañar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y favorecer el ejercicio del control de la ciudadanía sobre el sistema político es imprescindible que las autoridades gubernamentales legítimamente electas asuman en su totalidad la responsabilidad de diseñar e implementar la política pública de seguridad ciudadana. Para ello, en la estructura del gobierno, los ministerios o secretarías de Estado con responsabilidad sobre el sector seguridad ciudadana deben contar con funcionarios técnico-políticos capacitados en las diferentes profesiones relacionadas con la seguridad ciudadana, para definir y tomar decisiones en las áreas definidas de esta política pública. Al mismo tiempo, los parlamentos también deben contar con una estructura de asesoramiento profesional que le permita realizar un eficaz control político sobre las medidas que se implementen para prevenir y controlar la violencia y el delito. Complementariamente, los Estados Miembros deben habilitar y facilitar el funcionamiento de mecanismos de participación de la sociedad civil que hagan efectivas las acciones de control democrático, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables de las instituciones a cargo de la política pública de seguridad ciudadana.

4. La profesionalización y modernización de las fuerzas policiales

77. La Comisión se ha referido en reiteradas ocasiones a la misión insustituible de las fuerzas policiales para el adecuado funcionamiento del sistema democrático. Al respecto, ha manifestado que “la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de derecho y para garantizar la seguridad de la población. Dada su cobertura nacional y la variedad de sus funciones, es una de las instituciones del Estado que se relaciona más frecuentemente con los ciudadanos”[97]. Del mismo modo, subrayó que una fuerza policial “honesta, profesional, preparada y eficiente, es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos”[98].

78. La Comisión recuerda que, de acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley, los Estados miembros deben tener en cuenta que la labor de las fuerzas policiales “constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios”. Asimismo, estas disposiciones se refieren expresamente al papel fundamental del personal de las fuerzas policiales “en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[99], así como en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que integran el Sistema Interamericano.

79. En el hemisferio existió desde siempre una tensión entre las obligaciones de los Estados Miembros de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el marco jurídico, la estructura operativa y las prácticas de las fuerzas policiales. En la enorme mayoría de los países de la región, recién a principios de los años noventa comienza a asumirse la magnitud de este problema. En forma consecuente, dan inicio procesos para incorporar cambios de fondo en las instituciones policiales, dirigidos a su modernización y profesionalización, de forma tal que pudieran cumplir eficazmente sus funciones de prevención y control del delito y la violencia, sin afectar los compromisos asumidos por los Estados Miembros en materia de derechos humanos. Este proceso todavía está en plena implementación, y pueden verificarse importantes avances, pero también permanentes retrocesos a las formas tradicionales de ejercicio de las funciones policiales en las Américas.

80. Estos procesos de modernización y profesionalización de las fuerzas policiales en la región deben enfrentar históricas debilidades institucionales. Los cuerpos de policía, en general, no han actualizado la sustancia de su marco doctrinario, más allá de las transformaciones formales que pueden presentarse en esa materia. En esta dirección, en varios países del hemisferio, la doctrina policial se mantiene ligada al concepto de orden público, atendiendo antes a la seguridad del Estado que a las necesidades de las personas o grupos que integran la sociedad. Complementariamente, la referencia a los derechos humanos en la doctrina clásica policial de la región a lo sumo aparece como una referencia accesoria, nunca vinculada a lo que se entiende corporativamente son los valores o principios que caracterizan la labor policial. Para que una fuerza policial aspire a ser respetuosa de los derechos humanos no sólo requiere de formación teórica sino que debe organizarse, seleccionar su personal, capacitarse permanentemente y realizar sus operaciones profesionales de forma tal de hacer efectivos los derechos humanos de la población a la que sirve.

81.Por otra parte, el despliegue territorial y funcional de las fuerzas policiales responde, en la mayoría de los países de la región, a un modelo reactivo, en detrimento del funcionamiento de un modelo proactivo de trabajo policial, dirigido especialmente a la prevención y la disuasión de la violencia y el delito. Completando este cuadro, la distribución de los recursos humanos y materiales de la policía no responde muchas veces a las necesidades reales de la población, asignándose gran parte de ellos al cumplimiento de tareas administrativas o de apoyo a otras instituciones públicas o entidades privadas que no tienen que ver, directa ni indirectamente, con la seguridad ciudadana. Si bien son recurrentes los reclamos de amplios sectores de la sociedad de incrementar el número de efectivos de las fuerzas policiales como eventual respuesta a la violencia y el delito, en muchos casos, la plantilla del personal policial en el hemisferio supera ampliamente las tasas de policías por habitante aceptadas internacionalmente. En realidad, la dificultad radica en una inadecuada distribución de los efectivos para el cumplimiento de tareas de seguridad, y al modelo de trabajo policial adoptado históricamente en la región.

82. Las funciones de prevención, disuasión y represión del delito, en especial aquél vinculado a la criminalidad organizada, la trata y tráfico de personas o el narcotráfico, requieren de efectivos policiales altamente capacitados en tareas de investigación e inteligencia policial, quienes deben tener, además, a su disposición los equipos y medios materiales adecuados para cumplir con eficacia su tarea. En el hemisferio es común que se verifiquen serias carencias al respecto, lo que favorece la reproducción de la impunidad, incrementando la sensación de inseguridad de la población y su desconfianza hacia las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. Respecto a los servicios de inteligencia policial, la Corte Interamericana ha indicado que

estos organismos deben, inter alia: a) ser respetuosos, en todo momento, de los derechos fundamentales de la personas, y b) estar sujetos al control de las autoridades civiles, incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de los otros poderes públicos, en lo pertinente. Las medidas tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales[100].

83. Las fuerzas policiales deben contar con el personal y la infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad según las necesidades de aquellos sectores de la población más vulnerables frente a la violencia y el delito, como las mujeres; los niños, niñas y adolescentes; la población indígena y afrodescendiente y la población migrante. En esta dirección, la Comisión ya se ha pronunciado, destacando que

Si bien la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos no prohíbe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los derechos y libertades protegidas, requiere en el fondo que toda distinción admisible se funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo legítimo, habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las sociedades democráticas, y que los medios sean razonables y proporcionados con el fin que se persigue (...) El principio de igualdad también puede, a veces, obligar a los Estados a tomar una acción afirmativa, con carácter temporal, con objeto de atenuar o eliminar condiciones que causen o ayuden a perpetuar la discriminación, incluyendo las vulnerabilidades o desventajas que padecen grupos particulares, como las minorías y las mujeres[101].

Corresponde, en este contexto, hacer especial mención a la situación de vulnerabilidad del colectivo integrado por personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, frente al riesgo de discriminación ante situaciones de violencia y criminalidad. Por su parte, la Corte ha señalado que el principio de igualdad ante la ley

pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens[102].

84.En varias ocasiones la Comisión se ha pronunciado señalando que

ha observado que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. La violencia intrafamiliar y doméstica afecta particularmente a la mujer, pero, en muchos casos, no es tomada en cuenta como un problema de seguridad ciudadana. La invisibilización de la violencia contra la mujer se evidencia en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de violencia intrafamiliar o doméstica, así como la poca información que existe sobre la prevalencia de delitos sexuales que afectan principalmente a la mujer[103].

En consecuencia, la Comisión señala que en los cuerpos de policía de los Estados Miembros deben existir servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de la violencia y el delito, con personal entrenado debidamente y con protocolos de intervención que permitan un trabajo integrado con otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, será mayor el impacto de las medidas de prevención, y en su caso, se evitará la victimización secundaria, a la vez que se generarán las condiciones para una eficaz investigación de los hechos y el sometimiento de los responsables a la justicia competente.

85.La Comisión también entiende necesario señalar que en las Américas la regla general ha sido que las mujeres que integran las fuerzas policiales no reciban un trato equitativo y no discriminatorio en cuanto al goce de sus derechos funcionales, en especial en lo que respecta a la asignación de los destinos y cargos, así como al cumplimiento efectivo de todas las funciones operativas propias de esa profesión. Al respecto, la Comisión recuerda a los Estados Miembros que los estándares internacionales sobre este tema atienden a tres aspectos específicos: (1) el acceso al nombramiento para el servicio de policía; (2) la igualdad de oportunidades dentro del servicio de policía; y (3) el despliegue de las funcionarias de policía[104].

86.Las fuerzas policiales deben ser representativas, en su integración, de la realidad social y cultural de cada país. En especial, y considerando las condiciones particulares de las diferentes sociedades del hemisferio, la Comisión ha hecho referencia a la “necesidad de mantener una fuerza policial multiétnica y pluricultural, en particular fomentando la participación de miembros de los pueblos indígenas y mujeres en distintos organismos del Estado”[105]. Este requisito está incorporado específicamente en el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, donde se establece que “(...) todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella”[106]. En la misma dirección, la Comisión ha recordado a los Estados Miembros que las instituciones del Estado, entre ellas las fuerzas policiales, deben contar con elementos que les permitan una adecuada atención a todas las personas que habitan el territorio del país, respetando todas las manifestaciones culturales, entre ellas, las diversas lenguas o dialectos existentes[107]. Por su parte, la Corte Interamericana ha desarrollado una extensa jurisprudencia, señalando que:

Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional[108].

87. Como ya se ha señalado en este informe, los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la violencia en el hemisferio. También, en muchos países de la región, las infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de dieciocho años de edad afectan seriamente los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana de amplios sectores de la población. Esta situación de mayor vulnerabilidad obliga a los Estados Miembros, en el caso de la intervención de sus fuerzas policiales, a adoptar prácticas y procedimientos especiales para garantizar efectivamente los derechos de este segmento de la población. A partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño[109], se reconoce en el plano del derecho internacional que los niños, niñas y adolescentes gozan de todos los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria, y reconocer la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de niños, niñas y adolescentes[110]. No se trata de consagrar en la política pública sobre seguridad ciudadana derechos diferentes para las personas menores de dieciocho años de edad frente al resto de los seres humanos, sino del establecimiento de una protección complementaria para este sector de la población en el ámbito de sus relaciones con el Estado, la sociedad y la familia. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana al referirse a las obligaciones de protección especial asumidas por los Estados Miembros. En esa dirección, la Corte ha señalado que “teniendo en consideración el desarrollo físico y emocional” de los niños, niñas y adolescentes, “los estándares internacionales reconocen un derecho adicional y complementario que obliga a los Estados a adoptar medidas de protección especial[111]”.

88. En la misma dirección, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención sobre los Derechos del Niño, por interés superior del niño no puede entenderse otra cosa que la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas la decisiones que en la familia, la sociedad, o el Estado afecten a una persona menor de dieciocho años de edad tendrán que tener en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos. Así lo ha entendido la Corte Interamericana al afirmar que “(…) la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”[112]. La política pública sobre seguridad ciudadana debe tener presente que el interés superior del niño, la niña y el adolescente ya no es el concepto subjetivo e impreciso sometido a la discrecionalidad de los adultos, sino un indicador preciso de la forma como se garantiza el goce efectivo de los derechos las personas que tienen menos de dieciocho años de edad[113].

89.La Comisión reconoce que la relación entre las fuerzas policiales y el sector de la población constituido por niños, niñas y adolescentes, históricamente ha sido compleja, y se ha desarrollado en medio de marcadas dificultades para una adecuada comunicación. En el contexto que se verifica en varios países de la región, donde el crecimiento de los niveles de violencia y criminalidad ha llevado al reclamo de acciones de mayor represión por parte de amplios sectores de la sociedad, esa relación se torna aún más difícil. Es por eso que la efectividad de las mencionadas medidas de protección especial, llevadas al plano de la actuación policial, tiene que ver con un marco jurídico adecuado a los estándares internacionales y al funcionamiento de unidades especialmente formadas para intervenir en situaciones que involucran a personas menores de dieciocho años de edad, en tanto víctimas como victimarios de hechos violentos o criminales. Sin perjuicio de esto, es necesario que todo el personal policial reciba una formación básica adecuada sobre la forma de actuar en este tipo de situaciones, y que también incorpore protocolos de intervención, criterios de derivación y facilidades para el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

90. La política pública sobre seguridad ciudadana también debe prestar atención calificada a la relación de las fuerzas policiales con las personas migrantes y sus familias, reconociendo que las mujeres, niñas, niños y adolescentes en esta condición son los que muestran mayores niveles de vulnerabilidad. En muchos países de la región, las personas migrantes no son solamente estigmatizadas y responsabilizadas por amplios sectores de la población del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son víctimas privilegiadas de la criminalidad y de la violencia estatal y privada. En cuanto a los estándares internacionales respecto a los derechos humanos de las personas migrantes, la Corte y la Comisión Interamericanas han establecido principios sobre: (1) los supuestos para la privación de la libertad de los migrantes; (2) las pautas que rigen sus condiciones de detención en los procesos migratorios; (3) las reglas del debido proceso que deben regir los trámites migratorios; (4) las garantías de defensa legal frente a decisiones de deportación individual y colectivas; y (5) el acceso a derechos sociales básicos de los migrantes en situación irregular, y en especial sus derechos laborales básicos. Muchas veces, estos procesos de exclusión se siguen desarrollando a partir de los mecanismos de “integración parcial” de los migrantes documentados, pero que no llegan a recibir el mismo reconocimiento en sus derechos que las personas nacionales de los países donde se encuentran. A esto deben añadirse riesgos específicos a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, constituidos por la trata y el tráfico internacional de personas y la violencia en las zonas de frontera[114]. Concretamente, la Corte se ha manifestado en cuanto a que en general los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes). Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado[115].

91. Por otra parte, los Estados Miembros deben tener presente que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, debe regir el sistema de protección de los derechos laborales del personal de las fuerzas policiales. La Comisión se ha pronunciado sobre las condiciones de trabajo de los y las agentes de policía en la gran mayoría de los países de la región, al verificar que “las condiciones materiales en que trabajan no son buenas, y algunos otros aspectos son deplorables. Igualmente los sueldos son muy bajos[116]”. Los Estados Miembros, entre las medidas positivas para garantizar los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana, deben contar con fuerzas policiales profesionales. Para ello, entre otros instrumentos, es fundamental la vigencia de normas que regulen con precisión la carrera policial. Al respecto, la Comisión ya ha manifestado que considera necesaria la creación de una verdadera carrera policial, que comprenda un riguroso proceso de capacitación con cursos de formación técnica y en derechos humanos, estrictos criterios de selectividad, y un sistema de promoción. Todo ello debería ir acompañado de la asignación de los recursos materiales necesarios para que la policía pueda cumplir con sus labores; el pago de un sueldo justo que dignifique el trabajo y atraiga al personal adecuado; y por último, la sanción de los excesos cometidos para depurar los elementos corruptos y delictuosos[117]. Del mismo modo, la carrera policial debe regular los requisitos para el cese de la función policial, y prever sistemas de seguridad social que garanticen una adecuada calidad de vida del personal una vez producido el retiro.

94. Otro aspecto esencial para la carrera profesional de los y las agentes de policía, está constituido por el establecimiento de mecanismos de formación permanente y de especialización. Los Estados Miembros están obligados a actualizar los conocimientos y prácticas profesionales de todo el personal policial, planificando e implementando por medio de las instituciones competentes cursos, seminarios y conferencias, a la vez que proporcionando los materiales de estudio que tengan por objeto la capacitación profesional continua de los y las policías, especialmente, en aquellas materias o técnicas que hayan experimentado mayores modificaciones o evoluciones. El personal policial deberá contar con las mayores facilidades para asistir a actividades de actualización profesional, así como para continuar y profundizar su nivel educativo, en los términos compatibles con la prestación del servicio. Es necesario, como requisito para orientar adecuadamente las actividades de formación y especialización, que las autoridades responsables evalúen periódicamente los conocimientos profesionales del personal de las fuerzas policiales. La Comisión, al analizar la situación de la seguridad ciudadana en la región, ya ha señalado que

(...) buena parte del problema radica en la formación tan precaria de los agentes de la policía (...) Muchos de ellos no han terminado la preparatoria, y en términos generales, la preparación es superficial y escasamente enfocada a lo que es su función básica: la investigación y persecución de los delitos. La falta de una buena formación, además de que les impide tener una idea clara de la importancia de la legalidad, los hace sentirse incompetentes para actuar dentro de ella. La costumbre de trabajar de una determinada manera, sin control sobre los abusos que puedan cometer, ha creado vicios difíciles de erradicar[119].

95. Una de las mayores trabas para el debido cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros respecto a los derechos comprometidos en el área de seguridad ciudadana ha sido la carencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que aseguren una gestión transparente y favorezcan diferentes modalidades de control por parte de la ciudadanía. Esto ya fue señalado en su momento por la Comisión, al expresar que “la situación de la seguridad ciudadana se ve comprometida (...) por la inexistencia de un cuerpo policial eficiente y respetuoso de los derechos humanos que se dedique a la seguridad interna y favorezca el acercamiento entre la Policía y los ciudadanos[120]”. A estos efectos, es fundamental contar con la estructura institucional y los recursos humanos y materiales funcionales a esa modalidad de gestión, elaborando y comunicando indicadores que sean conocidos por el conjunto de la población, a la vez que definiendo con claridad los medios para verificar el cumplimiento de las metas u objetivos definidos en la política pública de seguridad ciudadana.

96.Desde el punto de vista de las reglas de actuación de las fuerzas policiales, la Comisión advierte acerca de las carencias que se aprecian en varios países de la región, donde no existen normas definidas y claras que establezcan las potestades y los límites de la policía en sus intervenciones. En general, los procedimientos policiales son objeto de regulación por vía administrativa, a través de reglamentos, directrices u órdenes de servicio. Solamente en contadas excepciones los procedimientos policiales están adecuadamente establecidos en una ley. Como ya ha expresado la Comisión en este informe, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda limitación o restricción al ejercicio de los derechos humanos debe ser objeto de ley, en sentido formal y material[121]. La ausencia de un marco jurídico claro, debidamente difundido entre la población, y que constituya la base de la formación de los miembros de las fuerzas policiales, favorece la discrecionalidad en la actuación de los agentes estatales en esta materia, generando las condiciones para que se produzcan situaciones de desviación o abuso de poder[122].

97.En este sentido, los Estados Miembros, conforme lo establece el principio de legalidad, están obligados a sancionar normas con jerarquía de ley, y en cumplimiento de las normas internacionales en la materia, que regulen estrictamente los procedimientos policiales, en especial, en aquellas actuaciones policiales inmediatas, que se suceden en el espacio temporal anterior a la toma de conocimiento de los hechos por parte del ministerio público o la justicia competente. Estas normas deben ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de los agentes estatales, a la vez que el Estado debe utilizar todos los medios a su alcance para que las mismas sean del conocimiento público. En este sentido, la Corte Interamericana cita al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su análisis del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a que

(…) en general y dentro del marco que en él se fija, el Artículo 2 del Pacto deja al arbitrio de los Estados Partes interesados la elección del método de aplicación del propio Pacto en sus territorios. En particular, reconoce que esa aplicación no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí insuficientes. El Comité considera necesario señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido también a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. (…) A este respecto, es muy importante que los individuos sepan cuáles son sus derechos en virtud del Pacto (y del Protocolo Facultativo, en su caso) y que todas las autoridades administrativas y judiciales conozcan las obligaciones que ha asumido el Estado Parte en virtud del Pacto[123].

98.Del mismo modo, la regulación de los procedimientos policiales debe incorporar códigos de ética o principios de actuación policial. En ese marco, la ley debe establecer los procedimientos disciplinarios internos que consagren el debido proceso administrativo, tipificando taxativamente las conductas en que pueden incurrir los efectivos policiales que serán objeto de reproche disciplinario; identificando los organismos competentes; los procedimientos para investigar los hechos en cada caso concreto y las sanciones a imponer, así como los recursos de que dispone el funcionario involucrado para impugnar el fallo. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pueda estar comprendido el funcionario policial, sobre las que entenderá la justicia ordinaria. Para la Comisión, el funcionamiento adecuado del sistema disciplinario policial (con los organismos de investigación internos encargados de juzgar y sancionar, en su caso, las conductas tipificadas previamente como faltas o infracciones), es un elemento esencial de una policía moderna, profesional y democrática. Esto en la medida que un procedimiento disciplinario que otorgue todas las garantías constitucionales y que funcione sobre la base del principio de celeridad, es un incentivo fundamental para aquellos policías que cumplen con responsabilidad sus tareas, en forma ajustada a derecho. Asimismo, la calidad del sistema disciplinario de una fuerza policial será un elemento de primer orden para erradicar la impunidad e incrementar el grado de confianza que la población tenga en el Estado como depositario de la fuerza pública, ya que podrá percibir que su actuación será trasparente, reglada y no discrecional.

99. La Comisión ha prestado atención a estos aspectos en anteriores oportunidades, al señalar su preocupación por las inadecuadas prácticas que realizan algunas fuerzas policiales, “y por la falta de atención debida por parte del Estado”, ya que una policía “honesta, profesional, preparada y eficiente, es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos”. La Comisión subrayó que, mientras exista escepticismo en la población en denunciar hechos delictivos por considerar a la policía un órgano inadecuado para realizar las debidas investigaciones, se incrementarán los graves casos de justicia privada y en consecuencia la impunidad. Para combatir este problema, la Comisión considera necesaria la creación de una verdadera carrera policial, que comprenda un riguroso proceso de capacitación con cursos de formación técnica y en derechos humanos, estrictos criterios de selectividad, y un sistema de promoción. Todo ello debería ir acompañado de la asignación de los recursos materiales necesarios para que la policía pueda cumplir con sus labores; el pago de un sueldo justo que dignifique el trabajo y atraiga al personal adecuado; y por último, la sanción de los excesos cometidos para depurar los elementos corruptos y delictuosos[124].

5. La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana

100.La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en relación con las acciones implementadas por los Estados Miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana: la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno[125].

101. La preocupación de la Comisión frente a esta situación, que se reitera en varios países de la región, tiene que ver también con el propio funcionamiento del sistema democrático, pues en éste es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos[126].

102. Una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los Estados Miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio, debe contar con una institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuadas a esos fines. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública. La Corte ha señalado en relación con este punto que “(...) los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”[127].

103. En la región es recurrente que se proponga, o directamente se establezca, que efectivos militares asuman de seguridad interior a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. La Comisión se ha referido también a este punto, expresando que este tipo de planteos responden a la confusión entre “los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria -por muy grave que sea- no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”[128].

104. Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia. La Comisión ha señalado que, en ciertos casos, las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos -en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil”[129], actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, sometidas a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial.

105. En definitiva, la Comisión reitera que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, en los términos que se han señalado ya en este informe. En esa dirección, la Comisión comparte que “se requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir”[130].

[32] Ver Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, 2005. Disponible en Http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/courtis.htm.

[33] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C, No. 4, 1988, párrafo 166; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrafo 175.

[34] Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, párrafo207; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie C No. 104, párrafo 180; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69, párrafo178; Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, párrafo 172.

[35] Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46." Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Regla general de interpretación. "1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes." La Corte Interamericana ha definido en su jurisprudencia el contenido y el alcance de la regla pacta sunt servanda en relación con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados respecto a los derechos humanos. En este punto concreto, el Tribunal expresó que “(...) la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado. (...) el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad internacional para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-14/ 94, de 9 de diciembre de 1994, párrafos 50 y 57.

[36] Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 108; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 111.

[37] Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafos 111 y 112; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párrafo 211; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párrafo 91; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párrafo 183; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C No. 103, párrafo 71; Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párrafo 111. También en su opinión consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte señaló que “[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares. “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 140. También hizo lo propio al ordenar medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares.

[38] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párrafo 149; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párrafo 63; Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 252.

[39] Ver Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 280; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párrafo 155; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192, párrafo 78. Ver también ECHR, Case of Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, párrafos 62 63; y ECHR, Case of Osman v. the United Kingdom, Judgment of 28 October 1998, párrafos 115 y 116.

[40] Corte I.D.H., Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párrafo 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 111.

[41] Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrafo 144; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 237; y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 75.

[42] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 120; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 237; y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 75.

[43] European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, Application No. 22492/93, párrafos 62 y 63; Osman v. the United Kingdom Judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párrafos 115 y 116.

[44] Corte I.D.H., Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párrafo 115; y Caso Perozo y otros Vs. Perú., Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C No. 195, párrafo 298.

[45] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 219; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124, párrafo 147; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párrafo 63.

[46] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 291. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 145; y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C No. 196, párrafo 78.

[47] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo 143; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párrafo 144; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192, párrafo 101.

[48] Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párrafo 41; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 112; y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, párrafo 402.

[49] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 111.

[50] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 119.

[51] Artículo 1 de la Convención de Belém do Pará.

[52] En su sentencia sobre el Caso González y otros, la Corte determinó que los hechos de violencia materia del caso se inscribían en el contexto de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, México, que habían sido abordados en informes emitidos por la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH, el CEDAW, Amnistía Internacional y en reconocimientos del propio Estado involucrado ante organismos internacionales, en el sentido que muchos eran manifestaciones de violencia por causas de género. Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

[53] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 293.

[54] CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007.

[55] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 400.

[56] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 402.

[57] Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 258.

[58] Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párrafo 25.

[59] CIDH, Comunicado de Prensa 18/06 del 17 de mayo de 2006; Comunicado de Prensa 39/06 del 31 de octubre de 2006; y Comunicado de Prensa 36/07, del 20 de julio de 2007.

[60] CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, párrafo 33.

[61] "Un enfoque de cooperación basado en los derechos humanos. Hacia un entendimiento común entre las Agencias de las Naciones Unidas" disponible en Http://www.undg.org/archive_docs/3069-Common_understanding_of_a_rights-based_approach-2.doc.

[62] Garretón, Roberto, "La perspectiva de los derechos humanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas" en El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, Lima, Comisión Andina de Juristas, páginas 27 a 48.

[63] Jiménez Benítez, William "El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas" disponible en Http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf.

[64] "De otro lado, los estudios sobre el enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas llegan a las siguientes conclusiones: Los derechos humanos se constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de políticas públicas. Los derechos humanos son el objeto mismo de las políticas públicas en la medida en que éstas se dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que implican violación o vulneración derechos humanos". Jiménez Benítez, William "El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas" disponible en Http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf.

[65] CIDH, Comunicado de Prensa 16/07 "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados a reflexionar sobre la importancia de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos". Washington DC, 15 de marzo de 2007.

[66] Ver Faroppa Fontana, Juan "La gestión de la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos", en Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2007, Ed. Servicio Paz y Justicia, Montevideo, 2007, páginas 58-60.

[67] "Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas" aprobado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, México DF, México, 7 y 8 de octubre de 2008, OEA/Ser.K/XLIX. 1. MISPA/doc. 7/08 rev. 3, párrafos 6 y 9.

[68] Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6. “(...) las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención (...) la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”.

[69] Esta posibilidad ya estaba presente en una de las primeras declaraciones históricas de derechos humanos, la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 que en su artículo 4 establece que la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otra persona, y que el ejercicio de los derechos naturales de cada individuo tiene sus límites en el goce de los derechos de los demás.

[70] "Toda limitación o restricción lícitas a favor de toda la comunidad y, por consiguiente, la protección del interés público, debería estar por encima del interés individual; la medida del interés público debería determinar el alcance de la restricción de la libertad, de forma que la legalidad de la restricción estuviera limitada por la importancia del interés de la comunidad. Las limitaciones o restricciones sobre la base de promover el "bienestar general en una sociedad democrática" se encuentran contempladas en el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la de proteger el "interés público" en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Informe de la Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Erica-Irene A. Daes, "La libertad del individuo ante la ley: análisis del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Serie Estudios, No. 3, Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, 1990, página 138.

[71] CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Serv.L/V/II.116.Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párrafos 50 a 57.

[72] Naciones Unidas, "Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, frente a los retos del Siglo XXI." 10mo. Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, A/Conf.187/4/Rev.3., 15 de abril de 2000.

[73] El concepto de prevención del delito ha adquirido un significado más limitado, y se refiere solamente a medidas no punitivas. En consecuencia, por prevención del delito se entiende actualmente toda medida dirigida a atacar los factores causales del delito, incluidas las oportunidades para cometer delitos. Naciones Unidas, Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito E/CN.15/1993/3, párrafos 4 y 5.

[74] "Se estima que por cada dólar invertido en la prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos". Buvinic, Mayra, "Un balance de la violencia en América Latina: los costos y las acciones para la prevención" en Pensamiento Iberoamericano, Nueva Época, No. 0, Ed. Fundación Carolina, Madrid, 2007, página 47.

[75] "Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas" Aprobado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, México DF, México, 7 y 8 de octubre de 2008, OEA/Ser.K/XLIX. 1. MISPA/doc. 7/08 rev. 3, párrafos 7 y 8. En el marco de la segunda reunión, los Estados reafirmaron la importancia de continuar adoptando activamente políticas, programas y acciones en materia de prevención, para luchar contra la delincuencia, la violencia y la inseguridad, protegiendo los jóvenes en situación de riesgo y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ver MISPA II doc. 8/09 rev. 2, 5 noviembre 2009.

[76] Ver Dammert, Lucía, Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina, Ed. FLACSO, Ecuador, 2007, páginas 25-44. Ver también sobre este tema el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. Naciones Unidas, Asamblea General, A/61/29, 20 de agosto de 2006, disponible en http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/.

[77] Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.

[78] CIDH, Informe No. 42/00, Caso 11.103, Pedro Peredo Valderrama (México), 13 de abril de 2000.

[79] Corte I.D.H., Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C, No. 37, párrafo 173.

[80] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Ser. C No. 4, párrafo 166.

[81] CIDH, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, OEA/Ser/L/V/II.125- Doc. 15, 2006, párrafo 50.

[82] Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005.

[83] CIDH, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, párrafo 35.

[84] CIDH Informe No. 25/09, Caso 12.310, Sebastião Camargo Filho (Brasil), párrafo 81. Ver también CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párrafo 56.

[85] Ver CIDH Informe No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), párrafo 146.

[86] Ver CIDH Informe No. 26/09, Caso 12.440, Wallace de Almeida (Brasil), párrafos 147 y 148.

[87] Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-17/02, sobre “Condición jurídica y derechos del niño” del 28 de agosto de 2002, párrafo 137. En este pronunciamiento sobre la atención de los niños, niñas y adolescentes, la Corte ha señalado que "el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas". Asimismo, la Corte ha establecido que “No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento esté orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”. Corte I.D.H., “Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización” Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, párrafo 57.

[88] CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 de 18 de setiembre de 2004 “La Relatora Especial de la CIDH evalúa el derecho de la mujer guatemalteca a vivir libre de violencia y discriminación”. CIDH Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, Capítulo III “La seguridad ciudadana”, párrafo 112. Ver también CIDH, Informe No. 1/98, Caso 11.543, Rolando Hernández Hernández (México), 5 de mayo de 1998, párrafo 37.

[89] Curbet, Jaume “La prevención de la inseguridad ciudadana”, en II Foro Iberoamericano sobre seguridad ciudadana, violencia y políticas públicas en el ámbito local, Barcelona, 2008, disponible en Http://www.segib.org.

[90] Carrión M., Fernando, citando a Frigo, Edgardo, en “Seguridad privada: ¿ha mejorado la seguridad ciudadana?” Revista Ciudad Segura, No. 19, 2007, FLACSO, Ecuador.

[91] CIDH Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 110. Ver también la Resolución 10/11 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (42da. Sesión, 26 de marzo de 2009), sobre el “Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. En esta Resolución, el Consejo de Derechos Humanos insta al Grupo de Trabajo a realizar consultas sobre el contenido y el alcance de un posible proyecto de convención sobre las empresas privadas que ofrecen servicios de asistencia y asesoramiento militares y servicios militares relacionados con la seguridad, y una legislación modelo conexa y otros instrumentos jurídicos. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/.../HRCRes10_31_sp.doc .

[92] Primera Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre los efectos de las actividades de las empresas militares y de seguridad privada en el disfrute de los derechos humanos: regulación y supervisión (17 a 18 de diciembre de 2007). Naciones Unidas. Asamblea General. A/HRC/7/7/Add.5, 5 de marzo de 2008.

[93] Álvarez, Alejandro, “El estado de la seguridad en América Latina: una aproximación a la evaluación situacional e institucional de la seguridad ciudadana en la región”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - SURF. LAC, 2006. Disponible en http://www.lac.workspace.undp.org.co/fileadmin/Seguridad_Ciudadana/ La_seguridad_en_America_Latina_-_PNUD.pdf.

[94] Saín, Marcelo Fabián, “Seguridad, delito y crimen organizado. Los desafíos de la modernización del sistema de seguridad policial en la región sudamericana” en El desarrollo local en América Latina. Logros y desafíos para la cooperación europea, Rhi-Sausi, José Luis (editor), RECAL / CESPI / Nueva Sociedad, Caracas, 2004, páginas 135 a 148.

[95] "Otra función básica del gobierno es la de garantizar que el Estado haga frente a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de promover y proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. La policía es también uno de los medios que permite a los gobiernos desempeñar esa misión (...) Las obligaciones jurídicas internacionales se reflejan en obligaciones jurídicas nacionales a través de las disposiciones constitucionales y jurídicas de los Estados. De esa manera, los derechos humanos están protegidos por la legislación del país. No obstante, la protección eficaz de los derechos humanos está implícita en la cuasi totalidad de actividades del gobierno, y, entre ellas, la de legislar, asignar recursos, formular políticas y diseñar prácticas, y crear estructuras y sistemas a todos los niveles de la maquinaria de gobierno, así como en el marco de organizaciones y organismos auxiliares a éste". Derechos Humanos y aplicación de la ley: Manual de capacitación en derechos humanos para la policía. Alto Comisionado para los Derechos Humanos/Centro de Derechos Humanos. Serie de capacitación profesional No. 5, Nueva York y Ginebra, 1997, párrafos 879 y 881.

[96] CIDH, Informe Anual 2006, Capítulo IV, párrafo 208.

[97] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, capítulo III, ”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad”, párrafo 294.

[98] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.

[99] Naciones Unidas, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Considerandos 1

y 3.

[100] Corte I.D.H., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párrafo 284.

[101] CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párrafo 338.

[102] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, Opinión Consultiva OC 18/03, de 17 de septiembre de 2003, párrafo 101.

[103] CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 de 18 de setiembre de 2004: “La Relatora Especial de la CIDH evalúa el derecho de la mujer guatemalteca a vivir libre de la violencia y la discriminación”.

[104] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Derechos humanos y aplicación de la ley. Manual de capacitación en derechos humanos para la Policía”, Centro de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1997, párrafos 747 a 754.

[105] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, Capítulo II: La seguridad ciudadana, párrafo 112.

[106] Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979.

[107] Ver CIDH, Informe No. 1/98, Caso 11.543, Rolando Hernández Hernández (México), párrafo 37. “Asimismo, la afirmación de los peticionarios –no controvertida por el Estado— según la cual los padres de Atanasio y Rolando Hernández Hernández presentaron declaraciones ante las autoridades competentes, sin contar con un, traductor e intérprete indispensable, pues sólo hablan la lengua otomí, constituye no sólo una violación a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana, sino en sí misma representa una clara irregularidad en el proceso, pues éstos desconocen la declaración que firmaron ante el Ministerio Público”.

[108] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, Opinión Consultiva OC 18/03, de 17 de septiembre de 2003, párrafo 85.

[109] Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Específicamente, la Convención sobre los Derechos del Niño incorpora principios rectores que cumplen la función de interpretación y de orientación para el diseño de políticas sociales y para la verificación de la forma en que en cada Estado se cumplen y se respetan cada uno de los derechos. Estos son los principios de no discriminación (artículo 2); interés superior del niño (artículo 3); supervivencia y desarrollo (artículo 6); y participación (artículo 12).

[110] Cillero Bruñol, Miguel “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios” en Derecho a tener derecho, Tomo 4, UNICEF, IIN, Fundación A. Senna, página 31.

[111] Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párrafo 147 y siguientes.

[112] Corte I.D.H., “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A No. 17, párrafo 137.

[113] “Posiblemente resulta más claro ahora entender que cualquier reducción de los ámbitos de la discrecionalidad resulta directamente proporcional a los espacios reales de la democracia. La historia y la experiencia confirman que no existe un solo ejemplo consistente que demuestre que la discrecionalidad (predominio de cualquier tipo de condición subjetiva) haya efectivamente funcionado (tal como debería ser, si nos atenemos a su discurso declarado) en beneficio de los sectores más débiles o vulnerables” García-Méndez, Emilio Infancia, ley y democracia en América Latina, Ed. Temis-Depalma, Santafe de Bogotá-Buenos Aires, 1999, página 28. Ver también sobre este tema la Observación General No. 5 del Comité de los Derechos del Niño, 34to. Período de Sesiones, 19 de septiembre a 3 de octubre de 2003: “Medidas generales de Aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño, artículos 4 y 42, y párrafo 6 del artículo 44”, disponible en Http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.5.Sp?OpenDocument .

[114] Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “Los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las políticas migratorias”. Informe elaborado en asociación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Argentina, Séptima Conferencia Internacional sobre Migraciones, Caracas Venezuela, julio de 2007, disponible en Http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5577.pdf.

[115] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”. Opinión Consultiva OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 112. Sobre este punto, ver también los trabajos sobre detenciones de migrantes del Comité de Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares de Naciones Unidas (http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/). Asimismo, ver el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Gabriela Rodríguez Pizarro, sobre trabajadores migrantes, conforme a la Resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social , E/CN.4/2003/85/Add.3 y Corr. 1, 30 de octubre de 2002. (http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5b6e3e148f22c3fbc1256c8e00335f80 ?Opendocument).

[116] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 391.

[117] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.

[118] Domínguez Vial, Andrés, Policía y Derechos Humanos, Ed. Policía de Investigaciones de Chile/ IIDH, Santiago, 1996.

[119] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, Capítulo V, párrafo 390.

[120] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 93.

[121] Corte I.D.H., La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6.

[122] "En un Estado democrático, donde se asume que el ordenamiento jurídico se fundamenta sobre la posición preferente de los derechos y libertades, es claro que la misión de hacer cumplir la ley se acaba identificando con la salvaguardia de un sistema normativo que tiene en los derechos y libertades su punto esencial de referencia (...) La policía no sólo está obligada a ello, sino que ha de asumir que toda su actividad debe estar impregnada por el respeto de los derechos y libertades. Esto es, el régimen de los derechos y libertades se erige en norma de ineludible observancia de todo comportamiento policial". Barcelona Llop, Javier, Policía y Constitución, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 1997.

[123] Corte I.D.H., “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” Opinión Consultiva OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 79, citando al Comité de Derechos Humanos, de la ONU, Observación General 3: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a Nivel Nacional (artículo 2), 29 de julio de 1981, CCPR/C/13, párrafos 1 y 2.

[124] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 392.

[125] CIDH, Justicia e inclusión social: los desafíos de la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113.

[126] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, capítulo III, ”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad”, párrafo 272.

[127] Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.

[128] CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 1998, capítulo V, párrafo 403.

[129] CIDH, Comunicado de Prensa 8/03, de 29 de marzo de 2003

[130] Ramírez Ocampo, Augusto Seguridad ciudadana y derechos humanos, Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú, 1999. En la misma dirección, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló al finalizar su visita a México el 8 de febrero de 2008: “(...) durante mi visita he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que me presentaron estuvo el uso de los militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida, reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger. Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas- en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley. La atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo. Mientras tanto, los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar que desarrolla funciones para hacer cumplir la ley, y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar”. Disponible en Http://www.hchr.org.mx/documentos/comunicados/declaracionAltaComisionada8defebrero.pdf .

Fuente: CIDH - COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Dr. Hugo Bolesso, Catedratico de la U.N.NE.:Comentario sobre el Fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que deniega el Derecho Sindical

2010-09-10T21:29:00.000-03:00

Comentario sobre el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que deniega el derecho sindical al personal policial por Héctor Hugo Bolesso (foto), catedrático de la Universidad Nacional del Noreste – HACIA LA CORTE SUPREMA. ENTRE DOS AGUA

Por Héctor Hugo Boleso

NOTA AL FALLO DE LA CNAT SALA VI EN: MINISTERIO DE TRABAJO C/ SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD S/ LEY DE ASOC. SINDICALES

LA CUESTIÓN

Perplejidad, tal es el sentimiento que tuvimos al leer el fallo que comentamos. Pues, como dice Cuartango 1., tras analizar el voto de Capón Filas, nos dá la sensación que éste resolvió la cuestión, conforme las normas constitucionales vigentes, los derechos humanos puestos en juego y el principio de justicia.

Más la mayoría de la Sala, decidió denegar la personería solicitada, con breves argumentos, que no refutan los dados por el preopinante.

La perplejidad antes comentada, lleva a preguntarnos: el empleado público es un ser humano? O en su caso, el agente de policía, es un ser humano?. Si respondemos afirmativamente al interrogante, seguramente concluiremos, en que el Estado no debe negarles el ejercicio, de derechos humanos fundamentales 2.

Esta negativa implica, contradecir normas constitucionales y supralegales vigentes, así como el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado argentino.

Discrepamos con los fundamentos dados por la mayoría.

LOS ARGUMENTOS DE LA MAYORIA

Veamos brevemente cuáles son: 1. Que la materia..., debe ser tratada con extrema prudencia (Fernández Madrid). Cuestión ésta, en la que todos estamos de acuerdo, más advertimos que el voto de la minoría hizo gala de la prudencia
invocada, por lo que, el argumento no desmerece al primer voto.

2. Que no hay legislación interna que regule la posibilidad de sindicación (Fernández Madrid). Entendemos que, ello no es óbice para que, un derecho constitucional pueda –y deba- ejercitarse. Alguna vez señalamos 3., que las normas
constitucionales son operativas y por ello deben hacerse efectivos los derechos contenidos en ellas, bajo riesgo de convertir a la Carta Magna en letra muerta.

Quizá, también debamos recordar que nadie –se refiere a todos quiénes habitan este suelo- está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe (art. 19 C.N.).

3. La ley 23.551,...no les es aplicable (Fernández Madrid). Argumento que no compartimos pues: a) la ley no excluye a los empleados públicos en general, ni a los policías en particular; b) la interpretación del caso, desde la constitución dice lo
contrario: el trabajo en todas sus formas, gozará de la protección de la leyes (art. 14 bis C.N.), c) aún en caso de dudas, la interpretación debe ser in dubio prooperario 4. o pro-hómine 5.

4. Que los Estados que hubieran ratificado el Convenio -se refiere al 87 de la OIT no están obligados a reconocer los derechos, mencionados a esa categoría de personas –alude a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía- (Fernández
Madrid). Es opinable. Lo que está fuera de discusión, es que el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella –Convención Americana sobre Derechos Humanos- y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social (art. 1. 1.) 6.

Recordándonos, por si alguien lo olvide, que para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano (art. 1.2.).
Además, los Estados partes –de la Convención- se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. 2). Para el caso que nos ocupa, la libertad de asociación (art. 16.1). Que, si bien la Convención dispone que el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la
ley (art. 16.2). Tal límite no existe, en el ordenamiento legal argentino, vigente al momento del fallo que nos ocupa.
También se halla en juego, en el caso concreto, la obligación estatal de respetar y garantizar: el derecho a la igualdad y a la no discriminación (art. 24). Como lo advierte Candelero 7.

Sobre esta cuestión, expresamos que: los principios protectorio -y sus reglas in dubio pro operario, de la selecciòn de la norma màs beneficiosa, subsistencia de la condiciòn màs favorable y de no discriminaciòn- como de progresividad han sido
reafirmados y enriquecidos por la reforma de 1994. Dado que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos deberàn interpretarse pro homine y conforme el principio -a su vez derecho- de no discriminaciòn. Compete a los
tribunales locales interpretar, aplicar y hacer efectivas dichas garantìas constitucionales 8.

En conclusión, contrariamente a lo que afirmó el magistrado de segundo voto, el Estado argentino está obligado internacionalmente a a) garantizar el libre y pleno ejercicio de la libertad de asociación, o en su caso b) a adoptar las medidas de otro carácter –p. Ej. las sentencias judiciales o resoluciones ministeriales- que fueren necesarias para hacer efectiva la libertad de asociación .

5. Que la Sala V de este Tribunal, en casos similares, se ha pronunciado negando la inscripción gremial de los cuerpos de seguridad en los casos...(Fernández Madrid).

Afirmación que, desde el punto de vista lógico, es un argumento de autoridad, -magister dixit-, por lo tanto es un argumento retórico paralógico o falacia. La justicia de la solución dada al caso, obviamente no puede basarse en la existencia de decisiones previas en idéntico sentido.

Por otra parte, el magistrado de tercer voto explicó que: 1. ...surge como doctrina interpretativa del Convenio nº 87, que está librado a la legislación de cada país determinar la medida en que puedan reconocerse los derechos de sindicalización a
los miembros de las fuerzas armadas y de las policías -con la salvedad de que las exclusiones deberían ser definidas de manera restrictiva-... (Rodríguez Brunengo).

Argumento, que criticamos con los mismos fundamentos que al 2. de Fernández Madrid, los derechos constitucionales son operativos, y no deben frustrarse por una supuesta falta de reglamentación legal. Ya que la ley 23.551, no excluye a los
agentes públicos en cuestión.

2. ...nuestra legislación vigente referida a las Asociaciones Sindicales, Ley 23.551, no resulta aplicable -sin más- a los agentes públicos cuyo "estado militar o policial" los sujeta a una estructura de carácter marcadamente jerárquico... (Rodríguez
Brunengo). Esta afirmación, aparece como meramente dogmática, pues no explica cuál es el fundamento de la inaplicabilidad de la norma. La referencia a la estructura de carácter marcadamente jerárquico, de por sí no revela la exclusión
pretendida. Es más, dicha estructura es –generalmente- el origen de graves violaciones a los derechos humanos 9. de este personal. Se hizo referencia, al proceso de policización, tan deteriorante como el de criminalización.

Se ha descripto, cómo la población se comporta con alta desconfianza respecto del policizado. A quien además, se le requiere una conducta o papel que se nutre de la propaganda masiva trasnacionalizada 10. A estas exigencias se añaden prejuicios
sociales, por lo que no es extraño –dice Zaffaroni- que el policizado pueda ser caracterizado como una persona en situación anómica. En este contexto, de suma vulnerabilidad, es donde debemos evaluar la conducta del Estado que, a través de
la agencia judicial o ejecutiva –Ministerio de Trabajo- niega el reconocimiento de un derecho fundamental, a sus agentes públicos.

3. ...la necesidad de elaborar una legislación específica para que dichas personas alcanzadas por el "estado militar o policial" puedan gozar del derecho de asociación que se les reconoce en algunas naciones avanzadas, e incluso plantear
reclamaciones ante tribunales arbitrales independientes del Estado, habida cuenta de su imposibilidad de ejercer el derecho de huelga u otras medidas de fuerza... (Rodríguez Brunengo). Otra vez, la supuesta presencia de derechos constitucionales
programáticos, que sin la legislación reglamentaria-, convierte a la Ley Suprema, en papeles inútiles/que arrojan al alba los filósofos –Enrique Marí, citando a González Tuñón-. Remitimos a lo ya expuesto, respecto de nuestra convicción,
acerca de la fuerza operativa de la Constitución Nacional.

4. ...la Sala X de esta Excma. Cámara se expidió en sentido negativo frente a la petición similar interpuesta en autos... (Rodíguez Brunengo). Ya nos referimos a este tipo de argumentación, en el fundamento 5., del segundo voto, por lo que
remitimos a lo expuesto 11.

5. ...los actores deberían peticionar a los legisladores la proyección de una normativa que habilite los derechos programáticos que la Ley Cimera y los Convenios de la OIT determinan... (Rodíguez Brunengo). Ya expresamos nuestra
disconformidad con este argumento, basados en la operatividad de las normas constitucionales y el compromiso asumido por el Estado, de hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
adoptando las medidas que fueren necesarias (art. 2.), –en el caso una sentencia-.

LOS ARGUMENTOS DE LA MINORIA

Los fundamentos expuestos por Capón Filas, por su elocuencia, no necesitan de comentarios, remitimos a los mismos, reiterando que a nuestro criterio, dan la solución justa al caso.

HACIA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

De llegar la cuestión, a decisión del más Alto Tribunal del país, éste resolverá la suerte de los derechos humanos en juego.
Estos dependen, al final, de cuál de las Cortes les quepa en suerte: la de Vizzoti o la de Bustos.
En artículo muy interesante, Mocoroa, sostuvo la tesis que el Alto Tribunal no adscribe a ninguna teoría ética de los derechos 12., para ello compara, los fallos Vizzoti y Bustos, demostrando cuán diferente fue el tratamiento dado a los derechos humanos en juego.

De ahí que la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, el principio-derecho a la no discriminación 13., y el derecho a trabajar en condiciones dignas, serán garantizados en el caso, si predomina la actitud expuesta en Vizzoti, dado que no
hay ley que prohiba la sindicalización, y ... que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14

bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son
pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7),
a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32). Al respecto, exhibe singular
relevancia el art. 6 del citado pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el "derecho a trabajar" (art. 6.1... Así surge, por otro lado, de los trabajos preparatorios de este tratado (v.
Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, págs. 197 y 223). Derecho al trabajo que, además de estar también contenido en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado "inalienable de todo ser humano" en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). 14.

Basta recordar que en dicha ocasión, la CS se negó a dar cabida en los estrados judiciales, a un pensamiento meramente economicista, y otros de análoga procedencia 15., porque ello importaría..., pura y simplemente, invertir la legalidad
que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.

Repudiando a aquellas tendencias que instrumentalizan al ser humano, poniendo a éste al servicio del mercado o de una supuesta razón de estado, pues ... no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad 16.

Por el contrario, si prevalece la postura exhibida en Bustos, triunfará la injusticia 17. Los derechos humanos debatidos, serán desconocidos, y vulnerados por el Estado. Quién, será responsable, de asumir una postura discriminatoria y
esquizofrénica, en perjuicio de servidores públicos, a quiénes por un lado, tanto les exige, y por el otro, nada les otorga.

Corrientes, 15 de marzo de 2006

1. Cuartango, Gonzalo: Sindicato de policías. Negativa de la personería gremial. Comentario, Revista Científica del EFT Nº 10, (www.eft.org.ar).

2. Señalamos que: la Conferencia Internacional del Trabajo, adoptó en Junio de 1998 la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento. Dicho instrumento, en los términos que interesa a este ensayo, obliga a los estados Miembros a respetar, promover y hacer realidad la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La Declaración de la OIT, constituye un nuevo tipo de
herramienta jurídica que reafirma por parte de los gobiernos y de los interlocutores sociales la universalidad de dichos principios y derechos. Además, los Principios y Derechos Fundamentales han sido reconocidos como uno de los cuatro pilares del trabajo decente, concepto sobre el que gravita la labor actual de la OIT (OIT, 1999), Boleso, Héctor Hugo (2006), Reflexiones sobre el respeto de los derechos sindicales, Equipo Federal del Trabajo, Año I, Revista nº 9, págs. 21-28.
3. Boleso, Héctor Hugo (2005), Protección internacional de los Derechos Humanos, Equipo Federal del Trabajo, Año I, Revista nº 2, págs. 29-42, Bidart Campos, Germán: El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Ediar, Bs. As. 1995,
pág. 21 y ss.

4. Fernández Madrid, Juan Carlos: Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, FEYDE, La Ley, Bs. As., 1992, T 1, pág. 165. Adviértase cuán fácil resulta, escribir sobre el principio protectorio, y qué ocurre cuando debiera aplicarse al caso concreto.

5. Cuando se deban aplicar las normas de los instrumentos internacionales relativas al trabajo, ha de estarse a la interpretaciòn que resulte màs favorable al individuo - pro homine- cuyo derecho se pretende tutelar, asì como debe darse prevalencia a la norma que signifique la menor restricciòn a dicho derecho, Wildemer de Boleso, Marta; Boleso, Héctor Hugo (2005), Principios del Derecho del Trabajo y Derechos Humanos, Equipo Federal del Trabajo, Año I, Revista nº 1, págs.7-15.

6. Según CanÇado Trindade: El artículo 1(1) de la Convención Americana es mucho más que un simple "accesorio", es un deber general que se impone a los Estados Partes y que abarca el conjunto de los derechos protegidos por la
Convención. Su violación continuada puede acarrear violaciones adicionales de la misma, que se suman a las violaciones originales. El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un amplio alcance. Refiérese a un deber permanente de los Estados,
cuyo incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas, generando per se violaciones adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los derechos originalmente vulnerados... En este sentido, los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana tienen un sentido autónomo propio, y la determinación de su incumplimiento no está condicionada por el establecimiento de violaciones individuales específicas de uno u otro derecho consagrado en la Convención
Americana, VOTO RAZONADO DEL JUEZ A. A. CANÇADO TRINDADE, en: Corte ID H, CASO MASACRE DE MAPIRIPÁN VS. COLOMBIA, 15.09. 05, Considerandos 3. y 7., Equipo Federal del Trabajo, Año I, Revista nº 7, www.eft.org.ar.

7. Sindicato de policías. Negativa de la personería gremial. Opiniones, Revista Científica del EFT Nº 10, www.eft.org.ar

8. Wildemer de Boleso, Marta; Boleso, Héctor Hugo (2005), Principios del Derecho del Trabajo y Derechos Humanos, Equipo Federal del Trabajo, Año I, Revista nº 1, págs.7-15.

9. Zaffaroni, Eugenio Raúl: En busca de las penas perdidas, -Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, Segunda edición, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1990, página 109.

10. ...violencia justiciera, solución de los conflictos sin necesidad de intervención judicial y ejecutivamente, machismo, seguridad, indiferencia frente ala muerte ajena, valor en límites suicidas, señala Zaffaroni, Eugenio Raúl: En busca de las
penas perdidas, -Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, Segunda edición, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1990, página 109.

11. Respecto al argumento de autoridad, ver Copi, Irving M.: Introducción a la lógica, Traducida por Néstor Alberto Míguez, Eudeba 1962, pág. 91 y ss. y http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_de_autoridad, http://es.wikipedia.org wiki/Argumentum_ad_verecundiam.

12. Mocoroa, Juan Manuel: Crónica Constitucional de un secuestro, -El realismo trágico de la Corte-, www.eldial.com

13. La Corte IDH, considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. ...En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens, CorteIDH, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos De Los Migrantes Indocumentados Consid. 101.

14. CS, Caso Vizzoti, Considerando 10), Suplemento Especial del Diario La Ley 17 de setiembre de 2004, con notas a fallo, destaco la de Capón Filas, Rodolfo: Sentido de la tarifa indemnizatoria, página 18

15. Creemos que, por la línea argumental del fallo, entre los otros pensamientos de análoga procedencia, la Corte bien puede referirse a las tendencias que instrumentalizan a la persona humana, en beneficio de la razón de estado o la militarización de la sociedad. Sobre este último tema, ver: Ceceña, Ana Esther: La dimensión militar se impuso al mercado como eje ordenador,
www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/4649, 09/03/2006.

16. CS, Caso Vizzoti, Considerando 11). Suplemento Especial del Diario La Ley 17 de setiembre de 2004, con notas a fallo.

17. Pensemos que, en el mundo actual, las personas sin derechos, son esclavos. Aquí recordamos a Badiou cuando dice que justicia hoy: es... la lucha contra la esclavitud moderna y la disciplina de la justicia, es en el fondo la creación de un
nuevo cuerpo, que no sea ni el cuerpo del consumidor ni el cuerpo del miserable pasivo, que será en el fondo finalmente el cuerpo de aquel que no es un esclavo..., Badiou, Alan: La idea de justicia, Conferencia pronunciada el día Miércoles 2 de
Junio de 2004, en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes. Rosario. Argentina. Traductor: Alejandro Moreira.

Desgrabación: Juliana Guerezta, www.antroposmoderno.com

Fuente: EQUIPO FEDERAL DEL TRABAJO, 04-03-06.
Héctor-Hugo Boleso, Universidad Nacional del Noreste
HACIA LA CORTE SUPREMA: ENTRE DOS AGUAS